CCOO exigirá a la Consejería de Educación el pago inmediato de estos trienios, así como el de los sexenios. Las primeras sentencias favorables fueron dictadas en 2009 por los juzgados de Granada y ya entonces CCOO exigió una solución negociada de forma inmediata para el conjunto de los empleados públicos andaluces en esta situación.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha precisado que en Andalucía, según datos de este sindicato, unos 22.000 profesores no han percibido los trienios con anterioridad a 2007. Desde esta fecha hasta hoy, gracias a CCOO que ha interpuesto las correspondientes reclamaciones, ya cobran estos complementos. CCOO cuantifica la cantidad media a recibir por cada afectado en unos 3.000 euros aproximadamente, 22.000 en Andalucía y 5.000 en Granada. Según ha explicado la responsable de Pública Docente del Profesorado No Universitario, Marta Pérez, CCOO ha presentado en nuestra provincia 500 reclamaciones de trienios y sexenios que espera que se resuelvan favorablemente.
Para el secretario general de Enseñanza, Diego Molina, se trata de una reivindicación histórica que se resume en una frase: a igual trabajo, igual salario. CCOO lleva mucho tiempo reclamando a la administración que los interinos cobren los mismos complementos específicos de los funcionarios de carrera con una situación laboral de estabilidad. El sindicato, ha explicado Molina, ha realizado movilizaciones solicitando esto y ha ganado reclamaciones en los juzgados pero la administración se ha negado a reconocer estos complementos específicos.
CCOO considera que la Consejería de Educación incumple la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sobrecarga los juzgados andaluces. Esta Consejería tiene paralizados más de 2.000 recursos presentados por CCOO reclamando el cobro de trienios y sexenios de interinos docentes. Estos han tenido que continuar el procedimiento por vía judicial, con el consiguiente gasto personal y sobrecarga de trabajo para los ya colapsados tribunales de justicia.
Desde el sindicato se informa que las Delegaciones provinciales de Educación se han estado escudando, para desestimar las reclamaciones presentadas en primera instancia administrativa por las Asesorías Jurídicas de CCOO, en que dicha Directiva no era aplicable a los empleados públicos, pero una reciente y novedosa sentencia contra la Xunta de Galicia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de diciembre de 2010, deja claro que los interinos están afectados por dicha Directiva. Por lo que atendiendo a esta, Educación está obligada a pagar los trienios anteriores a 2007 a todos los interinos y funcionarios que antes de esa fecha no los habían acobrado por tener la condición de interinos.
Según secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, «la Consejería de Educación, que se ha quedado sin argumentos para continuar denegando las reclamaciones, ha optado por el silencio, bloqueando el cauce administrativo y obligando a los reclamantes a tener que continuar con el procedimiento por la vía judicial, con el consiguiente gasto personal y sobrecarga de trabajo para los ya colapsados tribunales de justicia».
En este sentido, CCOO espera que la Consejería tome como precedente la resolución del Tribunal de Estrasburgo y resuelva favorablemente las 2.000 reclamaciones presentadas por la organización sindical, así como una solución negociada el resto de profesores (unos 20.000) trabajadores afectados. En caso contrario, los recursos derivarán en el contencioso administrativo, con la demora que esto conllevaría para los denunciantes.
Desde CCOO no se comprende que en unos momentos en que el debate nacional está centrado en el ahorro y en cómo conseguir una mejor rentabilidad de los recursos de las Administraciones, no se puede entender que para demorar un pago, que es inevitable, Educación opte por obligar a sus trabajadores a judicializar el conflicto, ralentizando aun más el funcionamiento de los tribunales, y por ende, demorando escandalosamente en el tiempo la impartición de justicia, que es todo lo contrario a lo que está obligado a propiciar toda Administración que se precie.
Información facilitada por CCOO Granada

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