GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
El director general de Caja Rural de Granada, Dimas Rodríguez, y otros cargos de la entidad financiera, han declarado este martes en calidad de imputados por un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial por presuntamente no entregar «en tiempo y forma» una documentación que les fue requerida en el marco de un proceso judicial iniciado a raíz de la demanda de un delegado de CCOO.
Según han informado a Europa Press fuentes de la caja, Dimas ha entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Granada la documentación que la ha sido requerida y ha defendido que la entidad «ha actuado de buena fe» en este asunto al hacer todas las gestiones oportunas para obtener los documentos que pedía el juez, entre ellos unos de la Agencia Tributaria que tardaron más en llegar.
Esta comparecencia judicial, a la que también han sido citados el director de Administración, el director de la Oficina de Guadahortuna y los responsables del Departamento de Asesoría Jurídica de Caja Rural de Granada, se deriva de una querella interpuesta por un delegado de CCOO contra un auditor interno de Caja Rural de Granada por un delito de apropiación indebida y falsificación.
Los hechos se remontan a febrero de 2008, cuando como consecuencia de una auditoría interna en la oficina de Guadahortuna (Granada) se produjo presuntamente por parte del referido auditor una apropiación indebida por valor de 10.145 euros y una falsificación en documento mercantil.
Desde CCOO afirman que a raíz de esta auditoría, el director de esta sucursal, delegado del sindicato, «fue degradado a gestor comercial a otra oficina», motivo por el que interpuso una demanda por vulneración de derechos fundamentales.
Un año después, indica el sindicato en un comunicado, el «director degradado» consideró que tenía nuevos datos relacionados con la citada autoría y se querelló contra el auditor interno de la caja, el cual fue despedido en mayo de 2009.
En el marco de este proceso, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granada ha imputado al director de Caja Rural y varios responsables por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad judicial al no haber entregado en tiempo y forma una serie de documentos que le fueron requeridos para esclarecer este caso.
No obstante, Dimas ha asegurado que se realizaron todas las gestiones para obtener la documentación, de modo que sólo restó por aportar un documento que fue solicitado a la Agencia Tributaria y que no llegó en el plazo fijado por el juez. Asimismo, ha recordado que la entidad tramita con normalidad unos 7.000 requerimientos de este tipo al año.

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