GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)
La Asociación para la prevención de la manipulación sectaria (RedUNE) se personará como acusación popular en la causa judicial contra Antonio Javier Ruiz Plazas, el gurú de la comunidad hinduista de la Rama Védica en España «Vadika Pratishana Sangha», instalada en una Casa Yoga de Armilla (Granada), que ha sido denunciado por la Fiscalía de Granada por utilizar «técnicas de persuasión coercitiva» con los integrantes de su comunidad en su beneficio personal, sexual y económico.
Así lo ha señalado a Europa Press el presidente de RedUNE, el ex diputado vasco Juantxo Domínguez, que considera que la conducta de Plazas, «propia de un líder sectario», está tipificada en el artículo 515 del Código Penal, que establece en su párrafo tercero que «son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución», lo que en otros países, como Francia, se considera un delito de manipulación psicológica.
En su opinión, procesar a Plazas por esta conducta abrirá la puerta de la jurisprudencia a otros casos similares en España, donde prácticamente no se han llevado a juicio a estos grupos que utilizan la «manipulación psicológica» con un interés económico o personal, generalmente con personas que son mayores de edad. Para Domínguez, es «responsabilidad de la justicia» detectar y castigar a los responsables de este tipo de sectas, «que se saltan a la torera la Constitución».
Para RedUNE, la comunidad hinduista que lidera Plazas es una «secta destructiva», que genera entre sus miembros «una importante dependencia psicológica», lo que, de afectar a un buen número de personas, como es el caso de Granada –se calcula que podría haber al menos una veintena de perjudicados– se puede convertir en un «auténtico problema de salud pública».
«La gente no se puede imaginar hasta qué punto este tipo de sectas están metidas hasta el tuétano en grupos políticos y económicos», añade Domínguez, que se personará en la causa contra Plazas previsiblemente después de Navidad.
LAS VÍCTIMAS, COMO PARTE PERJUDICADA
También se personará en el proceso, en este caso como acusación particular y parte perjudicada, un grupo de víctimas de Granada y Cádiz representadas por el letrado Manuel Ramírez, que h apuntado que las conductas descritas por sus representados pueden implicar, además de los delitos que la Fiscalía atribuye al gurú –asociación ilícita y contra la integridad moral–, otros más contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, estafa, de blanqueo de capitales, e incluso relacionados con menores de edad.
Para el abogado, la atribución de posible asociación ilícita a este presunto líder sectario es algo novedoso en la jurisprudencia española, puesto que este delito se le suele imputar a terroristas y no a personas que, como Plazas, se les acuse de «anular las personalidad e influir y perjudicar a sus adeptos». «Casi nunca se han abierto diligencias de investigación penal por temas de estas características», ha informado el letrado.
En su opinión, una vez que se abra la investigación judicial se descubrirá que las víctimas de Plazas, entre familiares, ex adeptos y actuales discípulos, son «muchos más que una veintena» y además procedentes de toda la geografía del país.
Por ahora, la Fiscalía ha detectado un total de 22 posibles perjudicados, y ha denunciado por hacer un «uso sistemático de técnicas de persuasión coercitiva», «engañando y presionando psicológicamente» a los integrantes de su comunidad a Plazas, de 56 años, si bien deja la puerta abierta a que la instrucción del caso pueda evidenciar que otras personas son también penalmente responsables de los mismos hechos.
EL DECRETO DE LA FISCALÍA
En el decreto que hizo público este miércoles, el Ministerio Público considera que desde que se fundó la comunidad, a principios de los años 80, el denunciado «de manera personal y valiéndose de aquellas personas que componen la estructura jerarquizada» de la congregación, «ha venido llevando a cabo actos consistentes en la captación de personas en satisfacción de sus intereses personales».
Utilizando como «reclamo» el atractivo de la religión y la cultura hinduista y aprovechando en ocasiones la «debilidad» de quien acudía a ellas por problemas familiares, laborales, psicológicos e incluso físicos, el líder, aplicaba técnicas abusivas y coercitivas en el grupo, tales como permitirles tan sólo una comida al día, tres o cuatro horas únicamente de sueño, deberes y responsabilidades «constantes», incluso con «contratos de esclavitud», por los que los miembros de la congregación «debían comprometerse a no descansar y a estar disponibles las 24 horas para las necesidades del maestro».
Tras la investigación y toma de declaración de las posibles víctimas, la Fiscalía señala en su decreto que Antonio Javier Ruiz Plazas ha conseguido además mediante sus procedimientos tener acceso sexual a muchas de las integrantes de la comunidad, «a quienes incluso ha inducido a mantener relaciones lésbicas en su presencia».
También el gurú ha cambiado de manera significativa la dieta alimenticia en la Casa Yoga que la comunidad tiene en Armilla (Granada), indicándole a sus adeptos que deben llevar ser lacto-vegetarianos; ha establecido «horarios muy limitados y una actividad frenética»; ha impuesto «deberes» que «nunca finalizan» y sesiones religiosas o de «adoctrinamiento» «maratonianas», con monólogos de hasta 7 u 8 horas; ha conseguido el «agotamiento mental a través de acusaciones injustas, humillaciones públicas, insultos y gritos exagerados» que acaban minando la «capacidad de decisión» de la comunidad; y ha llegado incluso a emplear la violencia física.
En definitiva, Ruiz Plazas ha hecho uso de una serie de métodos «tendentes a anular y controlar la personalidad de los miembros de la comunidad», encaminados a poder disponer de sus bienes, propiciando que los vendieran o con la finalidad de integrarlos en su propio patrimonio o de testaferros (en ocasiones se han hecho transferencias a la cuenta de su madre). Actualmente, incide el Ministerio Público, existen pendientes «posibles transmisiones» de inmuebles titularidad de quienes actualmente son discípulas de la comunidad.
La Fiscalía Provincial abrió diligencias de investigación penal sobre este asunto después de que el caso fuera llevado a la Fiscalía Superior de Andalucía por el Defensor del Ciudadano de Granada, al que acudieron familiares y ex adeptos para trasladarle lo ocurrido.
Además, el pasado verano víctimas del supuesto gurú, que se han constituido en asociación, ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que Plazas anula la libertad a los miembros de su comunidad y los explota y somete mediante técnicas de «persuasión coercitiva» propias de un líder sectario.

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