GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
Las personas que se consideran víctimas de Antonio Javier Ruiz Plazas, el gurú de la comunidad hinduista «Vadika Pratishana Sangha», instalada en una Casa Yoga de Armilla (Granada), están «muy contentas» de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada contra éste, puesto que la resolución da respuesta a «prácticamente todas sus demandas».
Así lo ha señalado a Europa Press Manuel Ramírez, el abogado de varias de las personas posiblemente perjudicadas por las técnicas «de persuasión coercitiva» de Plazas, al que el fiscal atribuye un posible delito de asociación ilícita y tantos delitos contra la integridad moral como personas afectadas, que podrían ser una veintena de toda España.
Ramírez, que representa a víctimas de Granada y Cádiz, ha señalado que se personará en la causa judicial una vez que sea abierta en un Juzgado de Instrucción como acusación particular y parte perjudicada, y que las conductas descritas por sus representados pueden implicar, además de los aludidos por la Fiscalía, delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, estafa, de blanqueo de capitales, e incluso relacionados con menores de edad.
Para el abogado, la atribución de posible asociación ilícita a este presunto líder sectario es algo novedoso en la jurisprudencia española, puesto que este delito se le suele imputar a terroristas y no a personas que, como Plazas, se les acuse de «anular las personalidad e influir y perjudicar a sus adeptos». «Casi nunca se han abierto diligencias de investigación penal por temas de estas características», ha informado el letrado.
En su opinión, una vez que se abra la investigación judicial se descubrirá que las víctimas de Plazas, entre familiares, ex adeptos y actuales discípulos, son «muchos más que una veintena» y además procedentes de toda la geografía del país.
Por ahora, la Fiscalía ha detectado un total de 22 posibles perjudicados, y denuncia por hacer un «uso sistemático de técnicas de persuasión coercitiva», «engañando y presionando psicológicamente» a los integrantes de su comunidad a Plazas, de 56 años, si bien deja la puerta abierta a que la instrucción del caso evidencie que otras personas son también penalmente responsables de los mismos hechos.
EL DECRETO DE LA FISCALÍA
En el decreto que hizo público este miércoles, El Ministerio Público considera que desde que se fundó la comunidad, a principios de los años 80, el denunciado «de manera personal y valiéndose de aquellas personas que componen la estructura jerarquizada» de la congregación, «ha venido llevando a cabo actos consistentes en la captación de personas en satisfacción de sus intereses personales».
Utilizando como «reclamo» el atractivo de la religión y la cultura hinduista y aprovechando en ocasiones la «debilidad» de quien acudía a ellas por problemas familiares, laborales, psicológicos e incluso físicos, el líder, aplicaba técnicas abusivas y coercitivas en el grupo, tales como permitirles tan sólo una comida al día, tres o cuatro horas únicamente de sueño, deberes y responsabilidades «constantes», incluso con «contratos de esclavitud», por los que los miembros de la congregación «debían comprometerse a no descansar y a estar disponibles las 24 horas para las necesidades del maestro».
Tras la investigación y toma de declaración de las posibles víctimas, la Fiscalía señala en su decreto que Antonio Javier Ruiz Plazas ha conseguido además mediante sus procedimientos tener acceso sexual a muchas de las integrantes de la comunidad, «a quienes incluso ha inducido a mantener relaciones lésbicas en su presencia».
También el gurú ha cambiado de manera significativa la dieta alimenticia en la Casa Yoga que la comunidad tiene en Armilla (Granada), indicándole a sus adeptos que deben llevar ser lacto-vegetarianos; ha establecido «horarios muy limitados y una actividad frenética»; ha impuesto «deberes» que «nunca finalizan» y sesiones religiosas o de «adoctrinamiento» «maratonianas», con monólogos de hasta 7 u 8 horas; ha conseguido el «agotamiento mental a través de acusaciones injustas, humillaciones públicas, insultos y gritos exagerados» que acaban minando la «capacidad de decisión» de la comunidad; y ha llegado incluso a emplear la violencia física.
En definitiva, Ruiz Plazas ha hecho uso de una serie de métodos «tendentes a anular y controlar la personalidad de los miembros de la comunidad», encaminados a poder disponer de sus bienes, propiciando que los vendieran o con la finalidad de integrarlos en su propio patrimonio o de testaferros (en ocasiones se han hecho transferencias a la cuenta de su madre). Actualmente, incide el Ministerio Público, existen pendientes «posibles transmisiones» de inmuebles titularidad de quienes actualmente son discípulas de la comunidad.
La Fiscalía Provincial abrió diligencias de investigación penal sobre este asunto después de que el caso fuera llevado a la Fiscalía Superior de Andalucía por el Defensor del Ciudadano de Granada, al que acudieron familiares y ex adeptos para trasladarle lo ocurrido.
Además, el pasado verano víctimas del supuesto gurú, que se han constituido en asociación, ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que Plazas anula la libertad a los miembros de su comunidad y los explota y somete mediante técnicas de «persuasión coercitiva» propias de un líder sectario.

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