GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia de Granada juzgará este martes a un policía nacional que, como director de una investigación sobre un posible delito de coacciones, no solicitó el cese de una intervención telefónica a pesar de que el juez encargado del caso así lo había decretado, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, el pasado 5 de septiembre de 2006 el Juzgado de Instrucción 9 de Granada dictó un auto acordando la intervención durante un mes de dos números de teléfono de una mujer, con miras a investigar la comisión de un posible delito de coacciones.
Con base a un oficio de la Policía Nacional del 26 de septiembre de ese mismo año se puso de manifiesto al Juzgado la «carencia de interés» de ese medio de investigación, y el 2 de octubre el mismo juez acordó decretar el cese de la intervención relativa a esos teléfonos.
Sin embargo, el procesado, de iniciales T.M.S. y 50 años, en calidad de director de la investigación, «teniendo pleno conocimiento de esta resolución judicial», no solicitó del Área de Telecomunicación de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, con sede en Madrid, el cese de la intervención telefónica, y continuó interceptando las llamadas de la mujer investigada, ya sin autorización judicial, hasta el 9 de octubre de 2006.
Por ello, la Fiscalía atribuye al policía un delito cometido por funcionario público contra la garantía de la intimidad.

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