GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Granada ha pedido dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para un policía nacional que, como director de una investigación sobre un posible delito de coacciones, no solicitó el cese de una intervención telefónica a pesar de que el juez encargado del caso así lo había decretado.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, el pasado 5 de septiembre de 2006 el Juzgado de Instrucción 9 de Granada dictó un auto acordando la intervención durante un mes de dos números de teléfono de una mujer, con miras a investigar la comisión de un posible delito de coacciones.
Con base a un oficio de la Policía Nacional del 26 de septiembre de ese mismo año se puso de manifiesto al Juzgado la «carencia de interés» de ese medio de investigación, y el 2 de octubre el mismo juez acordó decretar el cese de la intervención relativa a esos teléfonos.
Sin embargo, el procesado, de iniciales T.M.S. y 50 años, en calidad de director de la investigación, «teniendo pleno conocimiento de esta resolución judicial», no solicitó del Área de Telecomunicación de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, con sede en Madrid, el cese de la intervención telefónica, y continuó interceptando las llamadas de la mujer investigada, ya sin autorización judicial, hasta el 9 de octubre de 2006.
Por ello, la Fiscalía atribuye al policía un delito cometido por funcionario público contra la garantía de la intimidad, por el que será enjuiciado el próximo 21 de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí