GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)
El ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo, enjuiciado desde este jueves en la Audiencia Provincial de Granada por un supuesto delito continuado de prevaricación en su etapa de concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada), ha negado haberse beneficiado de su cargo o haber beneficiado a terceros en la contratación de varias obras municipales y ha atribuido las acusaciones vertidas contra él a «razones políticas».
Del Ojo, que se ha encontrado a su llegada a la sede judicial con numerosos periodistas y fotógrafos, ha declarado ante el tribunal durante aproximadamente una hora y media, un tiempo en el que ha apoyado sus argumentos con numerosas referencias jurídicas a leyes como la de Contratos de las Administraciones Públicas, demostrando conocer y haberse documentado sobre el expediente del caso. «Todo esto lo sé porque me lo he estudiado, señoría», ha dicho.
El ex concejal está acusado por la Fiscalía, el PSOE y el Ayuntamiento de Ogíjares –estos dos últimos personados como acusaciones particulares– de encargar verbalmente a las empresas «García Mejías» y «DH2G» varias obras en dos calles, una plaza y en el edificio del Ayuntamiento sin los informes preceptivos cuando era alcalde en funciones –en julio de 2005– y además adjudicar posteriormente la construcción de la Casa de la Cultura a la empresa UCOP por una cantidad que «nada tenía que ver con el coste real de las obras», hechos por los que se enfrenta a once años de inhabilitación para empleo o cargo público, petición del Ministerio Público.
Sobre la contratación de las obras en las calles aledañas al Ayuntamiento, concretamente las calles Real y Veracruz, Del Ojo ha asegurado que cuando estos trabajos se encargaron, en el mes de agosto de 2005, él estaba de vacaciones en República Dominicana y que de ellos «perfectísimamente» tenía conocimiento el secretario municipal y que además habían contado con el asesoramiento de perito técnico. El secretario, según ha dicho, le informó de cómo debían contratarse las obras menores como en este caso, ya que supondrían gastos menores a 30.000 euros, y que éstas no tenían por qué contar con el informe de la interventora, ya que sólo era necesaria una consignación presupuestaria, la factura y la certificación.
Los trabajos se fraccionaron, a pesar de que se referían a las mismas calles y al mismo edificio –el Ayuntamiento–, según ha dicho, a criterio del técnico, que emitió un informe en el avalaba el fraccionamiento. «Yo no ordené cómo tenían que hacerse las facturas, en el proceso de certificación los políticos no intervienen», ha apuntado Del Ojo, que ha señalado que las certificaciones de obra contaban con la firma del secretario y de la interventora.
LA CASA DE LA CULTURA
En lo que se refiere a la Casa de la Cultura, ha justificado que UCOP fue la única empresa que concurrió a su construcción porque el Ayuntamiento no ofrecía a las que concurrieran abonarle el dinero empleado en la elaboración del proyecto en el caso de que no fueran las adjudicatarias. Además, según ha explicado, él no tenía ningún interés en beneficiar a la promotora porque su director general es un «enemigo político» suyo «de toda la vida».
No fue él el que redactó el pliego de condiciones para la adjudicación de la obra, puesto que no tiene «conocimientos jurídicos ni técnicos suficientes para ello, y tampoco tuvo que ver en que la construcción fuera adjudicada por poco más de 600.000 euros cuando la obra costaría más de cuatro millones de euros.
Según ha justificado, el secretario cometió el «error» de no contemplar en el pliego de condiciones que la obra se pagaría en varias fases, y que la primera iba a suponer un coste de esos 600.000 euros. «Yo pienso que no fue adrede, sino que fue más que un error, lo que pasa es que después de que saltara el escándalo periodístico todo el mundo quería sacar el trasero fuera», ha afirmado el ex concejal, que se ha preguntado por qué el secretario no le informó por escrito si efectivamente su actuación era ilegal.
«Siempre he actuado conforme a los criterios técnicos» ha asegurado el ex diputado, que ha mantenido que desde que trabajó como concejal, desde 2003 a 2006, no firmó ni una licencia de obras ni un solo convenio urbanístico, a pesar de que tenía las competencias delegadas para ello. Todo pasaba siempre por la Comisión de Gobierno y por las manos del entonces alcalde, Francisco Plata.
Del Ojo ha incidido en que, cuando ocurrieron los hechos hoy enjuiciados, él llevaba ya «25 años de intachable vida política» y había logrado llegar al Congreso de los Diputados, por lo que ha defendido que no iba actuar entonces en contra de la legalidad para beneficiar a empresas que «ni conocía».
«No cabe en cabeza humana sensata pensarlo, en insensata a lo mejor», ha dicho el ex concejal, que ha recordado que, salvo dos informes de reparos de la interventora, no existió documento contrario alguno a la ejecución de las obras en cuestión de ningún otro técnico del Ayuntamiento. Asimismo, sobre esos informes de la interventora, ha dicho que se realizaron coincidiendo con la fecha en la que fue despedido del Ayuntamiento la que era entonces su pareja, que era un cargo de confianza del PP.
DECLARACIONES DE LA INTERVENTORA Y EL SECRETARIO
Justamente después de estas afirmaciones, ha sido llamada a declarar la interventora, que ha dicho sentirse «muy ofendida» por ellas, ya que no mezcla lo personal ni sentimental con lo profesional. Sobre los reparos que puso a las obras realizadas en varias calles y en el Ayuntamiento ha apuntado que se ejecutaron sin contar con informe ni expediente alguno, sin su conocimiento, y además sin consignación presupuestaria, que tuvo que ser aprobada con posterioridad en pleno municipal, ya en diciembre de aquel año.
Además, Del Ojo era «conocedor» de cómo se tenía que llevar a cabo todo el proceso, puesto que ella misma había avalado otras obras similares anteriores en calles distintas, y además el concejal era una persona «perfectamente preparada», «con mucha enjundia» y bien visto en el Ayuntamiento, donde todo el mundo le consultaba a menudo, dada su experiencia.
Sobre la Casa de la Cultura, ha reconocido que se sacó a licitación en un primero momento por 606.000 euros para la redacción del proyecto y ejecución de parte de la obra, y que ésta era una «cantidad estimativa» al no conocer entonces el proyecto definitivo.
En similar sentido se ha pronunciado el secretario general del Ayuntamiento, quien ha asegurado que las obras en cuestión no contaban con ninguna de la documentación que se requiere en estos casos y ha señalado que éstas se ejecutaron en el mismo sitio y al mismo tiempo, por lo que ha dudado de que tuvieran que ser fraccionadas y consideradas como obras menores –que no necesitaban concurso alguno–. «no hubo ninguna certificación de obra, ni expediente ni nada. Sólo existía la factura», ha incidido.
El juicio está previsto que concluya este viernes con la declaración de más testigos, entre ellos el que fuera alcalde de Ogíjares, y la exposición de informes y conclusiones de las partes personadas, la Fiscalía, las dos acusaciones particulares –PSOE y Ayuntamiento de Ogíjares– y la defensa.
Al término de la sesión de este jueves, Del Ojo ha accedido a valorar las declaraciones de los testigos, que ha atribuido a un «paripé» por «motivos políticos», y que se remontan a cuatro años antes, cuando, según ha dicho, los dos «se compincharon» para apartarle de la política. El ex diputado ha alabado la «sensatez» del tribunal y ha mostrado su tranquilidad porque, según ha asegurado, no prevaricó, por lo que confía en que «todo acabe bien».

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