Según el fiscal, Sánchez y el arquitecto municipal violaron parámetros urbanísticos «en detrimento» de la calidad de vida
GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
El ex alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, se enfrenta a un nuevo juicio por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria y de otro de prevaricación urbanística por el supuesto cambio irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf. La Fiscalía solicita para él y para el arquitecto municipal, también imputado, un total de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y un año de prisión.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, ambos acusados «omitieron de forma absoluta todos los trámites esenciales y garantías de control de legalidad previstas», y emplearon para ese cambio de edificabilidad la figura del Estudio de Detalle, excluyendo así el control de la Junta de Andalucía, y prescindiendo además del dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía.
La parcela en cuestión constaba en las Normas Subsidiarias de Atarfe –revisadas en 1994– con unos parámetros urbanísticos que establecían que los terrenos tendrían una altura máxima de edificación de dos plantas más ático y una parcela mínima de 400 metros cuadrados.
Años más tarde, el 22 de abril de 2004, el Ayuntamiento firmó un convenio con los propietarios de los terrenos, la empresa Grupo Gestión y Dotación del Suelo S.L., que contenía estipulaciones «tendentes a conseguir el mayor lucro de la entidad promotora», mediante el incremento de la edificabilidad y densidad de viviendas, y con posterioridad, concretamente el 7 de marzo de 2006, se pactó definitivamente entre ambas partes la modificación «tipológica» de vivienda unifamiliar a residencial plurifamiliar.
La consecución del fin perseguido, señala el fiscal, «requería la tramitación de las correspondientes innovaciones», con un procedimiento marcado por las garantías controles exigidos legalmente, por lo que el alcalde y el arquitecto decidieron utilizar el Estudio de Detalle «con el fin de eludir toda participación de terceros», al tratarse de un instrumento que «reduce el periodo de información pública» y «omite toda participación de la Administración Autonómica en la aprobación definitiva». Con ello, se modificaba no sólo la edificabilidad de los terrenos, sino también sus usos globales.
El proyecto de reparcelación aprobado por el alcalde dividió los terrenos en un total de 242 parcelas, de las cuales 32 eran de 200 metros cuadrados –en contra de la determinación de las Normas subsidiarias–, todo previo informe del arquitecto municipal, que también avaló el Estudio Detalle, que redactó la promotora. Ya el 9 de junio de 2006, el pleno del Ayuntamiento de Atarfe aprobó definitivamente el Estudio de Detalle, con el voto favorable del alcalde, sin que conste, señala el fiscal, «que los concejales que también votaron a favor conocieran los planes ilícitos de Sánchez y del arquitecto municipal».
«MODIFICACIÓN CLARAMENTE ILÍCITA»
Los procesados consiguieron «una modificación claramente ilícita» de la ordenación urbanística aplicable por dos motivos: Por el contenido de los convenios y las resoluciones municipales que contemplaban un incremento de la edificabilidad y densidad y que debían ajustarse a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, una normativa que no puede ser excluida por los Estudios de Detalle; y por la violación de los parámetros con el «único fin» de aumentar el aprovechamiento urbanístico «en detrimento de los espacios dotacionales públicos en servicio de la comunidad y por tanto en la calidad de vida de los ciudadanos».
Así las cosas, y de acuerdo a los cambios «ilícitamente introducidos» a través del Estudio de Detalle, el alcalde, en base al informe favorable del arquitecto municipal, aprobó el 24 de septiembre de 2005 conceder licencia a la promotora para la construcción de 96 viviendas, locales comerciales, aparcamientos y trasteros en una parcela de una manzana del sector SR-21 de las Normas Subsidiarias de Atarfe.
Por todo lo anterior, el fiscal atribuye a Víctor Sánchez y al arquitecto un delito continuado por prevaricación ordinaria y otro de prevaricación urbanística, por el que cada uno de ellos se enfrenta a 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público, y un año de prisión. Además, solicita que se declare la nulidad de todas las resoluciones contrarias a derecho en este caso, interesando asimismo la demolición de las viviendas construidas, todo ello «sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe».
En la causa también está personado como acusación popular el PP, que pide para los acusados, por los mismos delitos que el fiscal, diez años de inhabilitación y dos de prisión. Según consideran los «populares» –que motivaron la apertura de diligencias de investigación penal tras interponer una denuncia el pasado mes de octubre de 2008–, los procesados construyeron un «paraíso del ladrillo» con una estrategia tendente a eludir cualquier tipo de control urbanístico externo, según consta en su escrito de acusación provisional.
El Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que ha investigado el caso, ha decretado ya la apertura de juicio oral, a través de un auto de fecha 21 de octubre de 2010, con lo que ya sólo resta que un Juzgado de lo Penal, que es el órgano correspondiente en este caso, señale la fecha para la vista oral.
VALORACIÓN DEL PP
Este nuevo varapalo judicial a Sánchez, que dimitió como alcalde después de que fuera condenado en primera instancia por un delito contra los recursos naturales del que luego fue absuelto por la Audiencia de Granada, ha sido dado a conocer en rueda de prensa por el PP.
Para el portavoz del PP en Atarfe, José Manuel Aranda, si Sánchez es condenado por este asunto el actual alcalde en el municipio, Tomás Ruiz Maeso, tendrá que asumir «su responsabilidad política», puesto que siempre ha alabado la gestión urbanística de su predecesor en el cargo y además votó a favor a las resoluciones ahora puestas en cuestión.
Asimismo, el diputado provincial Antonio Granados se ha preguntado por qué la Junta de Andalucía no ha tomado medidas contra el urbanismo de Atarfe pese a tener conocimiento de las causas judiciales abiertas, y ha pedido al PSOE provincial y el regional que explique si ha dado «instrucciones» para que no se actúe contra estas «resoluciones contrarias a derecho».
«El PSOE de Granada y de Sevilla ha ofrecido impunidad al de Atarfe, y de ahí la tranquilidad de Ruiz Maeso en decir que en Atarfe todo es legal», ha afirmado Granados, que además ha advertido de que a pesar de los ingresos «millonarios» que supuestamente iban aparejados a estas operaciones urbanísticas, las arcas municipales de Atarfe arrastran una deuda de 27 millones de euros.

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