Requerirá que se rebaje en un metro la altura del muro del centro porque no se ajusta al proyecto inicial
GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Granada mantiene que las obras de la Escuela de Magisterio «La Inmaculada» que construye el Arzobispado en el barrio de Almanjáyar «son legales» ya que el vial público que, según los vecinos de la zona, ha sido invadido por el muro del centro es «en realidad una parcela propiedad de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA)»
Así lo ha señalado a los periodistas la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), al ser preguntada por la denuncia presentada ante su departamento por los residentes de 42 viviendas sociales de este barrio de la zona norte que aseguran que el muro de esta escuela ocupa cuatro de los cinco metros del vial público situado a espaldas de sus bloques, lo que impide el paso de los vehículos de emergencia.
A este respecto, Nieto ha querido aclarar que el Plan Especial de Almanjáyar «no prevé ninguna calle» pública en este lugar y dado que la propietaria de los terrenos supuestamente invadidos –EPSA– «no tiene ningún problema», la entidad local no tiene previsto intervenir y así se lo contestará por escrito a los vecinos.
Así, y aunque la Gerencia de Urbanismo reconoce que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada puede aparecer este espacio pintado como una vial, insiste en que «lo que prima en estos casos es el Plan Especial» del barrio.
En contraposición, Nieto reveló que su departamento sí ha detectado que la altura del muro de la Escuela de Magisterio sobrepasa en algo más de un metro lo que indicaba el proyecto inicial y requerirá al Arzobispado de Granada que lo ajuste a las medidas de la licencia que le ha sido concedida.
Por su parte, los vecinos afectados sostienen que las fachadas de la Escuela de Magisterio y la verja de los jardines de sus viviendas sólo hay un metro, por lo que han decidido movilizarse y llevar su protesta hasta la Plaza del Carmen. Según ha indicado este lunes a Europa Press el portavoz de los afectados, José González, el problema no es entre el Arzobispado y los afectados, sino que tiene que ser resuelto entre la Diócesis granadina y el Ayuntamiento de Granada.
«Es una cuestión administrativa, y creemos que quienes han actuado mal son el Ayuntamiento y el Arzobispado, porque han incurrido ambos en un error que tienen que subsanar», ha señalado el portavoz, que interpuso la denuncia ante la Gerencia el pasado 18 de octubre sin haber obtenido aún respuesta oficial alguna.

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