SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
La ONG Motril Acoge ha lamentado este miércoles la «solución fácil» adoptada por el Ayuntamiento de Motril de desalojar un asentamiento chabolista instalado en el barrio de Los Álamos y pagar a varias familias de nacionalidad rumana el viaje de vuelta a su país de origen y ha pedido que no expulsen a las tres personas que aún permanecen en la zona.
En declaraciones a Europa Press, el director de Motril Acoge, Eugenio Pérez, ha criticado esta «expulsión disfrazada de repatriación» que se ha llevado a cabo «sin comunicar nada a los afectados por escrito». «Si hubieran sido otro tipo de extranjeros comunitarios, no los hubieran desahuciado», ha criticado.
Según ha explicado, esta misma mañana se ha producido el desmantelamiento de las chabolas que había instaladas en el terreno, de propiedad pública, a excepción de las que habitan las tres personas que permanecen en la zona porque han rechazado la propuesta del consistorio de sufragarles el regreso a su país de origen.
Respecto a estas personas, Motril Acoge ha pedido al Ayuntamiento que no los expulse de los terrenos, pues «no molestan a nadie y no han causado ningún problema en el barrio» y, según afirma, las chabolas en la que viven están «bien acondicionadas y son dignas».
El resto, unas once personas, entre las que se encuentran niños pequeños y una mujer embarazada, volvieron a Rumanía el lunes pasado de madrugada, según relata, y días antes otras seis personas, todas de nacionalidad rumana, pues según matiza, «no habían nadie procedente de otro país como se ha dicho», ya habían salido en días anteriores de regreso a su país con la mediación también del Ayuntamiento, esta vez por temor a que los Servicios Sociales les quitaran a sus hijos.
Pérez ha lamentado que esta actuación se haya producido «sin que los Servicios Sociales del Ayuntamiento hayan intentado realmente insertarlos en la sociedad, sin darles siquiera una oportunidad de integración», siguiendo la política del presidente de la República de Francia, Nicolas Sarkozy, pero llevándola a cabo de una manera «más elegante».
«Al pleno municipal en el que se decidió el desalojo ni siquiera se llevaron informes de Servicios Sociales o de la Policía sobre su situación. No entendemos las prisas que se han tomado por desalojarlos de unos terrenos que actualmente no tienen ninguna función más que el hecho de que son rumanos que viven en la marginalidad y no son bien recibidos», ha señalado.

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