GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) aportará al Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, que investiga el denominado «caso Marchelo» sobre corrupción urbanística en el municipio, la documentación con la que cuenta sobre la reclamación de 20 millones de euros que le ha hecho la promotora Frai por el perjuicio que considera que conllevó la paralización de las licencias de la macrourbanización Novosur, que invadía las servidumbres aéreas de la Base Militar de Armilla.
Frai proyectó un total de 23 bloques y 1.200 viviendas al borde de la autovía y en línea recta con la pista de aterrizaje de la Base Aérea desoyendo los avisos del Ministerio de Defensa, los primeros con fecha marzo de 2006, cuando gobernaba el PP. Las licencias de Novosur fueron paralizadas por la invasión de las servidumbres, si bien a finales de 2007, ya gobernando el PSOE, el Ayuntamiento consiguió desbloquearlas.
El alcalde de Alhendín, Miguel Ángel Gamarra (PSOE), ha rechazado la solicitud de Frai, que procede de uno de los 15 imputados en la causa, en la que también lo están el que fuera alcalde del PP, José Guerrero, y el ex edil de Urbanismo Manuel Fernández, por «indigna», «improcedente» y «alegal».
En rueda de prensa, el primer edil ha señalado que el Ayuntamiento, personado como parte perjudicada en el procedimiento abierto, no puede aceptar una reclamación de quien es el culpable de que miles de ciudadanos sufrieran la incertidumbre de no saber qué ocurriría con las viviendas en las que habían invertido su dinero, y ha apuntado que la petición del promotor es una muestra más de la «catadura moral» de éste, ya que pretendió «obviar las servidumbres militares» en connivencia con el anterior equipo de gobierno y poder sacar adelante la urbanización.
Por ello, el Consistorio ha decidido aportar como «prueba» de su manera de actuar la documentación que le remitió Frai para justificar su reclamación, que concreta, aportando un informe pericial para ello, en 19,95 millones de euros, y que podría causar un «daño irreparable» al Ayuntamiento. De tener que abonar esta reclamación, la trama, ha dicho el alcalde, habría ocasionado a las arcas municipales un quebranto económico de 45 millones de euros.
Así, el Ayuntamiento actuará «contundentemente» contra esa «sombra alargada» del «caso de corrupción más grave de la provincia de Granada», que alcanza, ha apuntado el alcalde, hasta la sede provincial del PP de Granada y «al despacho de Javier Arenas». De hecho, ha censurado que el PP «siempre se ha situado al lado del promotor y no de los vecinos».
La instrucción del caso concluyó el pasado mes de octubre de 2009, con el auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias de investigación abierta contra los 15 imputados de la supuesta trama urbanística. Así, las partes tendrán ahora que redactar sus escritos de acusación y defensa provisionales para el señalamiento del juicio, que Gamarra prevé un proceso «lento» por «farragoso y complejo».
PROBLEMAS CON LAS NÓMINAS
Sobre las críticas que el alcalde está recibiendo por el retraso de las nóminas de sus trabajadores, el alcalde está «razonablemente satisfecho» de que eso, «con la que está cayendo», sea lo único que se le pueda achacar al actual equipo de gobierno y, aunque ha reconocido que no puede garantizar que los problemas vuelvan a repetirse antes de final de año, ha asegurado que hará todo lo posible para evitarlo.
Además, ha recordado que el Ayuntamiento, como todos los de España, está sufriendo las consecuencias de la crisis, lo que, en el caso de Alhendín, se une al «legado envenenado» que le ha dejado el PP. «La crisis nos afecta, pero aún más la herencia que el anterior equipo de gobierno nos ha dejado», ha dicho Gamarra, que ha recordado que el Consistorio no tiene ninguno de los servicios públicos externalizados, con lo que tiene que afrontar en solitario todos los pagos y los gastos derivados.
«El gobierno municipal del PSOE sigue trabajando a pesar de los malos momentos económicos, con base a dos principios: el trabajo y la honradez», ha incidido el regidor, que ha hecho una llamada a la tranquilidad a sus vecinos porque su Ayuntamiento vela por «el interés público».

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