No descartan comenzar un encierro permanente en las dependencias municipales del Ayuntamiento
OGÍJARES (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)
Los trabajadores de Cespa, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras en Ogíjares (Granada), estudian emprender acciones legales contra el Ayuntamiento local después de que el viernes un vehículo municipal retirara basura alegando que el Consistorio ha recibido «una orden de Sanidad», extremo que a los basureros en huelga desde hace 20 días no le han confirmado.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Jaime Valdivieso, ha detallado que los empleados han pedido explicaciones a la alcaldesa, Herminia Fornieles (PSOE-A), por la retirada de la basura y «ésta ha defendido que se trata de una orden de Sanidad». Aunque, según Valdivieso, para emitir esta orden si hay un conflicto se tiene que avisar a la empresa antes de ejecutarla y luego la empresa informar al comité y «eso precisamente no se ha hecho en ningún momento».
Además, el representante de los trabajadores ha manifestado que «en Sanidad aún no han confirmado esa orden», por lo que estudian llevar a cabo acciones legales en contra del Ayuntamiento por vulneración a la huelga.
En este sentido, los basureros llevan ya un total de 20 días de huelga sin recoger los residuos de las calles del pueblo por un conflicto laboral motivado, entre otras cuestiones, por el impago de nóminas, si bien el pago de la de septiembre que les adeudaban ya ha sido efectuado.
Tal y como ha señalado Valdivieso, la mañana del viernes los empleados levantaron el encierro que emprendieron el jueves en el Ayuntamiento de la localidad y lo prosiguieron en las instalaciones de Cespa hasta las 17,00 horas, después de que la dirección de la empresa asegurara que iba a pagar la nómina de septiembre, «no en cambio la de octubre ni noviembre a la espera de que la empresa se reúna con el Ayuntamiento para resolver el conflicto».
Así, «mientras no se resuelva el problema con el Ayuntamiento la empresa no pagará ninguna nómina», ha reiterado Valdivieso, al tiempo que ha anunciado que este lunes el comité y los trabajadores van a celebrar una reunión en las puertas del Consistorio para tomar la decidir si comienzan un encierro permanente en el Consistorio.
POSTURA DEL CONSISTORIO
Por su parte, el Ayuntamiento de Ogíjares se ofreció a pagar a los trabajadores los sueldos atrasados «en el mismo momento en que se reincorporen a sus puestos». Una medida que surgió a raíz de que ingresara el miércoles pasado «66.882 euros a Cespa para que pudiera hacer frente al pago de las nóminas y poner fin al conflicto laboral», según informa a Europa Press el secretario provincial de Actividades Diversas de CCOO, José Sánchez Cano.
Sin embargo, en la mañana del viernes, un día después de que expirara el plazo de 24 horas para hacer efectivo el ingreso, la empresa comunicó al Consistorio que «sólo iba a saldar la deuda del mes de septiembre dejando impagado el de octubre».
«Cespa tiene que pagar dos mensualidades, pero sólo paga una, a pesar de contar con el dinero suficiente para seguir presionando a los empleados», argumenta la regidora de Ogíjares, quien también ha comunicado que el Ayuntamiento ha abierto varios expedientes sancionadores a la empresa por no pagar la nóminas y se ha puesto en contacto con la Inspección de Trabajo en varias ocasiones para solicitarle una actuación de oficio en este conflicto.
En cuanto a la acumulación de residuos sólidos urbanos en las vías, el Ayuntamiento informa de que los servicios mínimos no se están cumpliendo «con toda la intensidad que deberían», ya que los pesos registrados los lunes y jueves desde que comenzara la huelga son inferiores a los contabilizados normalmente, un hecho que los trabajadores achacan a la dificultad de recoger las bolsas de forma manual.
Respecto a la rescisión del contrato planteado por la concesionaria, la entidad local mantiene que antes debe llegarse a un acuerdo respecto a la deuda municipal en el servicio, ya que el informe de la interventora municipal la cifra en algo más de un millón de euros frente a los 1,8 millones que reclama Cespa.

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