El Consistorio no les echará por la fuerza y abre un expediente sancionador a la empresa concesionaria
GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
Los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras en la localidad granadina de Ogíjares, Cespa, se han encerrado en el Ayuntamiento del municipio en señal de protesta ante la falta de soluciones al conflicto laboral que les mantiene en huelga desde hace 17 días.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general del sindicato de Actividades Diversas de CCOO de Granada, José Sánchez Cano, ha asegurado que la mayoría de los trabajadores tienen cargas familiares y «ya no pueden más». Por ello, han decidido endurecer las medidas de presión llevadas a cabo en las últimas semanas con motivo del impago de sus salarios desde septiembre.
El sindicalista ha arremetido contra la dirección de Cespa y el Ayuntamiento de Ogíjares después de que hayan «entrado en una guerra de cifras» sobre la cuantificación de la deuda municipal en el servicio. La empresa afirma que asciende a 1,87 millones aunque el Consistorio lo rebaja hasta el millón de euros.
NO LES ECHARÁN
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Ogíjares indicaron a Europa Press que «no se prevé echar a los trabajadores por la fuerza» del edificio consistorial, el cual ya ha sido cerrado al público y está siendo custodiado por la Policía Local para evitar los incidentes.
De hecho, el Consistorio «mantiene su compromiso de pagar» los salarios adeudados, y con este objetivo ha aprobado en Junta de Gobierno Local el ingreso de 66.882 euros a la empresa concesionaria para que, en el plazo de 24 horas, les abone las nóminas, aunque por el momento Cespa no lo ha hecho.
Ante el posible incumplimiento del citado acuerdo por parte de la empresa, el Ayuntamiento de Ogíjares también ha aprobado «la ejecución subsidiaria del pago de los salarios» aunque –según sostienen– «el comité de empresa tampoco ha querido aceptar la medida».
Ante esta situación, el Consistorio ha abierto un expediente sancionador contra Cespa por el incumplimiento de la cláusula XIX del Pliego, que establece como infracción grave «el incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social con el personal adscrito a los servicios».
En cuanto a la rescisión del contrato planteado por la concesionaria, la entidad local mantiene que antes «debe llegarse a un acuerdo en cuanto a la deuda existente por parte del municipio», ya que el informe de la interventora municipal la cifra en algo más de un millón de euros frente a los 1,8 millones que reclama Cespa.

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