GRANADA, 04 (EUROPA PRESS)
Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de la Brigada Provincial de la Comisaría de Granada se han personado en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Otura (Granada) para recabar documentación requerida por el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, que investiga la denuncia que ha interpuesto el secretario municipal por supuestas irregularidades cometidas presuntamente por el equipo de gobierno, del PP, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
El equipo de gobierno, según ha informado el Ayuntamiento, ha puesto a disposición toda esa documentación, relativa «exclusivamente» a la denuncia por la supuesta emisión de facturas de la empresa municipal de vivienda y suelo y que, según ha considerado el alcalde, Ignacio Fernández-Sanz, «demostrará la falsedad de las graves acusaciones que el funcionario municipal ha hecho contra los miembros del equipo de gobierno».
El alcalde y los concejales han facilitado a los agentes toda la información solicitada con el fin de que se esclarezcan los hechos y se demuestre la «mala fe», según sostiene el primer edil, con la que ha actuado el secretario de la corporación. «En todo momento hemos mantenido una postura de absoluta colaboración con la justicia, de hecho estábamos esperando el requerimiento para poder aportar toda la documentación que nos permita demostrar que no se ha cometido ninguna irregularidad», ha señalado.
Según ha aclarado Ignacio Fernández-Sanz, no se ha producido ningún registro en el Ayuntamiento ni desplazamiento a la sede judicial; «simplemente y siguiendo el procedimiento habitual, la Policía Judicial ha procedido a requerir la aportación de la documentación relativa a los hechos denunciados, la cual obviamente les ha sido entregada en su totalidad».
Los hechos denunciados por el secretario comprenden la emisión de facturas por la empresa de Vivienda y Suelo de Otura, sin que se acreditaran las obras o servicios realizados; la supuesta contratación ilegal de la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Otura; la posible contratación ilegal con una entidad financiera de un contrato de gestión de pagos y financiación por importe de 600.000 euros; la contratación «en fraude de ley» de las obras de pavimento, césped artificial e iluminación en el campo de fútbol de Otura; y por último, la utilización de fondos para gastos no permitidos por la ley obtenidos a través de la venta de parcelas y que constituyen patrimonio municipal de suelo.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí