GRANADA, 04 (EUROPA PRESS)
El pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado con los 15 votos de los ediles del equipo de gobierno, del PP, y los 11 en contra del PSOE e IU, una moción para tramitar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la aplicación de la Ley de Aguas de Andalucía, que los «populares» consideran «intervencionista» e «inconstitucional».
La moción, por la que se faculta al alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, para tramitar un conflicto en defensa de la autonomía local y «cuantas actuaciones judiciales procedan para instar a la nulidad» de esta ley, se ha debatido en el transcurso de un pleno extraordinario convocado al efecto y cuya urgencia ha sido duramente criticada por los grupos de la oposición, que han votado en contra de la misma.
Durante su intervención, el concejal de Presidencia en el Ayuntamiento, Sebastián Pérez (PP), ha arremetido contra el carácter intervencionista de la nueva normativa de Aguas porque, según destacó, «quita responsabilidades de la autonomía local y convierte a los ayuntamientos en recaudadores», un asunto sobre el que se mostró en «absoluto desacuerdo».
También enmarcó la iniciativa en que el nuevo canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma incluye el incremento de una cuota fija de un euro en la factura. «Los ciudadanos ya están desesperados con la subida de la luz del Gobierno de –José Luis Rodríguez– Zapatero, y con la subida del IVA y del butano y la gasolina», advirtió el edil, quien dijo no entender que «con este panorama» la Junta impulse nuevos impuestos y organismos.
MEDIDA «OPORTUNISTA»
«Sólo vamos a preguntar si esta ley es inconstitucional» y «éste es el momento para hacerlo porque se acaba el plazo», defendió el edil ante las críticas del grupo municipal socialista y de IU, los cuales han tachado de «oportunista» al equipo de gobierno al convocar «a la ligera» este pleno extraordinario para que se «hable de las leyes de otros en vez de los problemas de la ciudad».
De hecho, ambos grupos han resaltado que esta moción es una «copia calcada» de la que ya se ha presentado en otros ayuntamientos andaluces gobernados por el PP y la han enmarcado en las «directrices» dadas en esta materia por el presidente del PP-A, Javier Arenas.
Por su parte, la concejal del PSOE Carmen García Raya consideró que la moción, en la que también se solicita el dictamen del Consejo Consultivo, «no se sostiene», ya que este organismo ya avaló la constitucionalidad de esta ley y la «conveniencia de aplicarla» en todos los municipios andaluces.
Defendió además, que el canon citado anteriormente se destinará a inversiones que mejoren las infraestructuras hidráulicas y que su aplicación no debería ser rechazada por un equipo de gobierno local que «sube los impuestos» e incrementa la imposición de multas con «afán recaudatorio».
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, recriminó al PP que haya presentado la moción «a pelo», esto es, sin ningún tipo de informe de los servicios técnicos y jurídicos respecto a las consecuencias de su aplicación en la ciudad. A su entender, la premura con que se ha presentado la iniciativa le resta «seriedad» y evidencia los fines partidistas de la misma.
«Plantear un conflicto al Tribunal Constitucional es algo muy serio», advirtió el edil de izquierdas, el cual dijo no entender cómo la entidad local ha comenzado a aplicar las nuevas tarifas a los ciudadanos si no está de acuerdo con ellos.
Finalmente, la iniciativa salió adelante con los 15 votos a favor del equipo de gobierno «popular» y los 11 votos en contra de los grupos municipales del PSOE e IU. Así, y además de facultar al alcalde para iniciar actuaciones legales contra la aplicación de la ley, también se acuerda pedir el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y el inicio de campañas informativas de concienciación y sensibilización sobre las repercusiones directas de esta normativa al ciudadano.

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