GRANADA, 03 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, celebrará un pleno extraordinario este jueves cuyo único punto del orden del día es el debate de una moción en la que se propone tramitar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la aplicación de la Ley de Aguas de Andalucía.
La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido elaborada por el PP –que gobierna en mayoría absoluta en el Consistorio– y propone que se faculte al alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, para iniciar la tramitación de este recurso y «cuantas actuaciones judiciales procedan para instar a la nulidad» de esta ley.
En el texto de la moción, el PP considera que esta ley es «puramente recaudatoria» y «no implica una gestión más eficaz y austera» del agua sino que «consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso» y «profundamente ineficaz».
Así, se señala que la nueva normativa «exige» a los ayuntamientos recaudar un canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de depuración en interés de la Comunidad Autónoma con cuotas fijas de un euro sin que las entidades locales «tengan margen de decisión» sobre el destino de este impuesto y sin que se prevea la dotación de recursos para hacer frente a las nuevas cargas de trabajo derivadas del mismo.
Sostienen que este canon «injusto» afectará especialmente a las clases «más desfavorecidas» y no ven «lógico» que en este momento, «en el que los andaluces están sufriendo las durísimas consecuencias de la crisis, con más de 1.100.000 parados, se pueda apostar por parte de la Junta en incrementar impuestos en lugar de reducirlos».
Para el PP también resulta «preocupante» que el Gobierno andaluz «pretenda que sean los ayuntamientos los responsables de la recaudación ante los ciudadanos, «en un intento» de que éstos perciban que son las entidades locales las «responsables del cobro y gestión de dicho impuesto o canon», además de que «también se pretenden imponer» que los ayuntamientos paguen a la Junta «aunque no lo hayan recaudado».
Además, según añade el texto, «tampoco se establecen mecanismos de compensación para aquellos municipios que han efectuado las inversiones necesarias» en materia de infraestructuras hidráulicas, lo que provocará que aquellos municipios que han invertido anteriormente tengan que «pagar» la «mala gestión» de la Junta de Andalucía en los últimos años.
En general, los «populares» creen que esta ley plantea problemas de competencias y por ello proponen iniciar la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional para instar a la nulidad de la Ley de Aguas de Andalucía, solicitando igualmente la suspensión de su aplicación.
A su vez, plantean el inicio de campañas informativas de concienciación y sensibilización, utilizando para ello todos los medios que estén al alcance del Consistorio, sobre la nueva Ley de Aguas y sus repercusiones directas al ciudadano.
El pleno extraordinario para debatir esta moción se celebrará desde las 9,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento granadino.

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