GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)
El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada ha mostrado su «firme apoyo» al secretario municipal de Otura (Granada) que ha denunciado por la posible comisión de varias irregularidades al alcalde de la localidad, el «popular» Ignacio Fernández-Sanz, lo que ha motivado la apertura de una investigación judicial.
En una reunión extraordinaria y urgente celebrada este miércoles, el órgano colegiado ha mostrado su respaldo a su compañero después de que el regidor atribuyera a una «venganza personal y política» la denuncia del secretario municipal que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe.
En el acuerdo adoptado por su Junta Directiva, al que ha tenido acceso Europa Press, el colegio consideramos que la actitud personal y profesional del secretario de Otura «ha sido de una enorme valentía y ejemplaridad».
En el Colegio, agregan los secretarios, han tenido noticia desde hace varios meses de las «difíciles condiciones» en las que el secretario del Ayuntamiento desempeña su trabajo y «sabemos de los problemas que han tenido todos los habilitados estatales que han prestado servicios con el actual alcalde de Otura, no sólo el actual secretario, también la anterior interventora, que finalmente hubo de pedir destino en otra entidad local, trabajó en unas condiciones laborales muy complicadas, presentando numerosos reparos a la actuación del alcalde».
El actual secretario del ayuntamiento de Otura, sostiene el órgano colegiado, «es un profesional con más de treinta años de ejercicio profesional, que nunca había tenido problemas en su carrera hasta ahora». «La honestidad profesional del secretario del Ayuntamiento de Otura ha llegado al punto de solicitar voluntariamente el alta médica tras haber superado una gravísima enfermedad. Denunciar su falta al trabajo como absentismo cuando se trataba de una baja médica no nos parece una actitud digna por parte del señor alcalde», señala.
La organización colegial muestra así su «firme apoyo» a todos los secretarios, interventores y tesoreros que, «a veces en condiciones verdaderamente difíciles, desarrollan su labor de asesoramiento legal, fe pública, fiscalización del gasto y control de fondos públicos en las entidades locales españolas, sin otro objetivo que el asegurar que España siga siendo un Estado de Derecho».
Además, recuerda que si un profesional considera que la actuación de un alcalde o un concejal puede ser constitutiva de delito «tiene la obligación de ponerla en conocimiento de los jueces y tribunales».

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