GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)
El PP ha acusado este jueves al PSOE de Granada de ser el responsable de que el municipio granadino de Armilla haya perdido «dinero, empleo y expectativas» con la paralización del Nevada por sus 16 años de «mala gestión», aunque se ha mostrado a favor de que se autoricen las obras solicitadas al Juzgado de lo Penal 3 de Granada por el promotor de la obra, Tomás Olivo, «dentro de la legalidad».
«Proyectos de desarrollo para Armilla y Granada, sí, chorizos, manipuladores y presuntos corruptos, no», ha dicho el vicepresidente ejecutivo de los «populares» granadinos, Antonio Ayllón, que considera que los responsables de las irregularidades cometidas en la tramitación, entre los que se encuentran el ex alcalde de la localidad José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, condenados a cárcel e inhabilitación, «deben estar en su sitio».
Ayllón ha señalado que «no permitirá» que el PSOE en Armilla le diga en este asunto que es que el PP no quiere la apertura del Nevada y la consecuente generación de puestos de empleo, lo que ha calificado de demagogia. «Nosotros sí estamos a favor de este proyecto, pero restituyéndose la legalidad. De hecho votamos al primer proyecto que se presentó, porque era bueno».
El dirigente «popular» ha hecho estas declaraciones después de que se hiciera público que el promotor ha pedido al Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que enjuició el caso de la supuesta tramitación irregular del edificio, continuar las obras que ya le autorizó en 2006 el Juzgado de lo Contencioso 1 de Granada, que posteriormente fueron paralizadas por Instrucción 6 al entender que excedían de lo autorizado.
LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL
La jueza del Contencioso acordó concretamente en su día que se ejecutaran los trabajos para asegurar la estabilidad de la estructura metálica que quedó «desprotegida» al paralizarse la obra en noviembre de 2006. En un auto, autorizaba «la conclusión de la estructura con soldadura definitiva de todos los elementos metálicos, así como la colocación de elementos de cubrición y evacuación de aguas», una petición que formuló la empresa promotora.
Asimismo, permitió «el cerramiento definitivo de todos los paños de fachada del edificio, incluso colocación de elementos de carpintería y vidrio y la instalación de protección contra incendios, domótica e instalación para que funcione tanto ésta como la de evacuación de humos».
La solicitud del promotor se produce después de que el Penal 3 dictaminara en su sentencia la demolición de una mínima parte del edificio, de apenas más de 1.400 metros cuadrados, en el suroeste, y de la parte de zona verde que invadieron las escaleras de emergencia (si bien éstas ya fueron retiradas) de un total de 275.000 construidos. En el fallo, de 145 páginas, el magistrado consideraba «legalmente inviable» la petición de demolición total o parcial efectuada por la Fiscalía y alguna de las acusaciones.
Por las supuestas irregularidades fueron condenados a siete meses de prisión y a siete años de inhabilitación especial para cargo público el ex alcalde de Armilla, el socialista José Antonio Morales Cara, y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate por un delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de licencia del Nevada.
Los dos responsables políticos fueron sin embargo absueltos de los otros dos delitos que se le imputaban –otro de ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y el de infidelidad en la custodia de documentos públicos–. Ambos se enfrentaban inicialmente a un total de tres años y cuatro meses de prisión, 20 de inhabilitación y 10.800 euros de multa, que era lo que solicitaba para ellos la Fiscalía de Granada.
LA SENTENCIA, RECURRIDA POR DEFENSAS Y ACUSACIONES
El promotor de la construcción, Tomás Olivo, fue condenado a siete meses de prisión, a inhabilitación especial para la profesión de promotor inmobiliario por el mismo periodo, y a una multa de 7.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción en espacios verdes de una parte del edificio, que tendrá que ser derribado parcialmente, corriendo los gastos de demolición de su cuenta.
El resto de los acusados –los cuatro concejales que votaron a favor de la concesión de la licencia, dos arquitectos y dos abogados– fueron por otra parte absueltos de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por los que habían sido procesados.
Todas las partes, incluidas las defensas de los acusados, la Fiscalía y el resto de acusaciones particulares –PP, Los Verdes y Ecologistas en Acción–, anunciaron tras conocer el fallo que presentarían recurso ante la Audiencia de Granada.

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