El fiscal mantiene su petición de dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el regidor y varios miembros de su corporación
MOTRIL (GRANADA), 08 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides, que se ha sentado este viernes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 1 de Motril por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción de un pabellón deportivo en La Herradura, ha asegurado que «jamás pensó» estar cometiendo una «ilegalidad».
De hecho, según ha asegurado, el proyecto, que fue aprobado en Junta de Gobierno Local en enero de 2005, se basó en «informes de los técnicos municipales» a los que la Junta de Andalucía «no puso ningún reparo».
Sin embargo, la Fiscalía considera que tanto Benavides como el resto de los acusados en esta causa, cinco concejales y el arquitecto municipal, aprobaron el proyecto «a sabiendas» de que el terreno era protegido, por lo que ha mantenido su petición de dos años de prisión y a diez de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público para todos los imputados.
Durante la vista, Benavides ha afirmado que la ubicación del pabellón se decidió en 2004, y que estaba previsto que ocupara dos parcelas que había entregado una empresa constructora como compensación para la construcción de un hotel. Para la construcción del pabellón «se firmaron dos convenios con la Junta», según Benavides, en los que intervinieron «dos consejeros».
Los informes técnicos municipales, según el primer edil, «en ningún momento solicitaban cambiar la tipología de suelo» circunstancia que se conoció cuando tres años más tarde la Junta de Andalucía solicitó al Consistorio la subsanación del error en el planeamiento.
La defensa de Benavides y el resto de los seis acusados han solicitado la libre absolución al entender que no existe ningún delito y que la obra citada era «de bien social». El letrado del regidor, Rafael Revelles, ha afirmado que la Ley Urbanística de Andalucía establece «sanciones administrativas» para estos casos pero «nunca penales».
El caso enjuiciado, que ha quedado visto para sentencia, se remonta al pasado 25 de enero de 2005, cuando Benavides y el resto de su equipo de gobierno aprobó en Junta de Gobierno Local la construcción de un pabellón en La Herradura, a sabiendas, según el Ministerio Público, de que se levantaría sobre un suelo de alta rentabilidad agrícola y de alto valor paisajístico, y sin que se declarara la utilidad pública de la obra, un trámite que debería haberse llevado a cabo para que el proceso fuera legal, según denunció entonces la Junta de Andalucía.

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