GRANADA, 04 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Plataforma en Defensa del Río Castril, Miguel Ortiz, está citado a declarar este martes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baza (Granada) en calidad de imputado por un supuesto delito de reuniones o manifestaciones ilícitas, a raíz de las movilizaciones impulsadas por esta asociación en contra del trasvase a Baza.
La citación judicial se produce después de que Ortiz haya sido denunciado por la Guardia Civil al menos en dos ocasiones, el 24 de agosto y el 3 de septiembre, como «organizador» de dos concentraciones no autorizadas por la Subdelegación del Gobierno en el paraje Matamolinos de Cortes de Baza (Granada) para impedir la continuidad de las obras del trasvase.
La primera concentración movilizó a unas 300 personas hasta la parcela expropiada en Cortes de Baza para la canalización del río Castril, según se desprende de la comunicación remitida a Ortiz por la Subdelegación del Gobierno y en la que se advierte de que estos hechos son sancionables con multa de hasta 3.000 euros.
La segunda movilización consistió en una sentada de una treintena de personas en la misma parcela de Cortes de Baza a fin de interrumpir de nuevo los trabajos del trasvase, aunque en esta ocasión la Guardia Civil instó a los manifestantes a marcharse y les avisó de que su conducta «podría constituir responsabilidades administrativas».
Ante su negativa a abandonar el lugar, los agentes procedieron a desalojarlos a todos hasta el exterior de las zonas delimitadas por las obras. En la comunicación que la Subdelegación ha remitido a Ortiz se indica que estos hechos, sin perjuicio de lo que resulte en la instrucción, pueden ser sancionables con una multa de hasta 4.000 euros.
«PROPIO DE OTROS TIEMPOS»
El presidente de la Plataforma en Defensa del Río Castril asegura que las citaciones judiciales y las denuncias de la Guardia Civil «afectan a varios detractores del trasvase» criticando que la «Confederación Hidrográfica del Guadalquivir» y la empresa encargada de los trabajos «usen métodos propios de otros tiempos» para «acallar» las protestas ciudadanas.
Así, ha defendido que todas las movilizaciones «han sido pacíficas» y se han desarrollado, con permiso del dueño, en una alameda privada «que no está expropiada» para las obras del trasvase.
«Parece más bien que estemos en tiempos pasados, como antes de la democracia que era delito cualquier reunión que se hiciese» pero actualmente «nuestra Constitución, en su artículo 21, nos ampara protegiendo el derecho de reunión y de manifestación «sin autorización previa», ha clamado Ortiz, que sigue manteniendo su postura de que las obras del trasvase y las expropiaciones que ha supuesto «son ilegales».

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