GRANADA, 02 (EUROPA PRESS)
Las dos promotoras inmobiliarias denunciadas por un posible delito continuado de estafa por una sociedad madrileña que adquirió seis viviendas en la Urbanización Medina Elvira de Atarfe (Granada) han negado haber cometido fraude y acusan al denunciante de «imputaciones falsas».
Costa Indálica S.A y Costaind S.A., a quienes el denunciante, Sarot Assores S.L., acusaba de incumplimiento de contrato en el escrito que presentó el pasado 10 de mayo ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, aseguran que las viviendas de Atarfe «están construidas, muchas escrituradas» y que es «radicalmente falso» que exista un fraude en Madrid, Castilla La Mancha y Andalucía.
En estas comunidades, señalan en un comunicado remitido a Europa Press, las promotoras han realizado promociones ya vendidas «sin quejas o reclamaciones», por lo que no es cierto que, como indicaba el denunciante, en ellas pudiera haber «más de 200 personas» afectadas.
Sarot Asesores hizo constar además en la denuncia presentada que las dos empresas «ni han entregado las viviendas» –a pesar de que debían haberlo hecho como muy tarde en enero de 2009– «ni han devuelto las cantidades reclamadas», «ni tienen suscritos los seguros y avales legalmente obligatorios», «ni constituido depósito alguno en garantía de la devolución del precio percibido. Las promotoras mantienen sin embargo lo opuesto, ya que se han entregado viviendas, el retraso es «por fuerza mayor», derivado del soterramiento de una línea de alta tensión, y «las viviendas están construidas y a disposición de sus compradores».
Asimismo, según sostenía la sociedad denunciante, estas promotoras no tenían fondos suficientes para la devolución de las cantidades ya recibidas en concepto de compra de viviendas porque tienen «todo su patrimonio hipotecado a favor de diferentes entidades financieras», extremos todos que las promotoras niegan rotundamente.
De hecho, según Costa Indálica y Costaind, se da la circunstancia de que el denunciante fue su contable, asesor fiscal y laboral durante quince años, por lo que conocía «de primera mano» la «solvencia, seriedad y prestigio» de su trayectoria empresarial, lo que le llevó a invertir «de manera exclusivamente especulativa y con el fin de reventa» en los seis pisos adquiridos.
«Ante el cambio radical de la situación económica en general y en particular del sector de la construcción, el denunciante pretende de cualquier manera no escriturar los pisos previamente contratados, porque ya no son negocio, intentando intimidar con falsas imputaciones», mantienen las promotoras, que aseguran que su intención es que esta sociedad cumpla los contratos suscritos. En ese sentido, consideran las empresas que el objeto de la denuncia no es otro que el que la sociedad haya visto frustradas «sus expectativas de ganancia».

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