MOTRIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)
Los alcaldes de la costa de Granada se reúnen este lunes para fijar las movilizaciones que llevarán a cabo en Madrid al no haber recibido respuesta del Ministerio de Fomento respecto al encuentro que solicitaron hace varias semanas para analizar el estado de las obras de la A-7.
La solicitud se realizó el pasado 24 de agosto a través de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical a raíz de que la empresa constructora del tramo Puntalón-Carchuna de la A-7 notificara a los trabajadores que «se marchaba por problemas de presupuesto», después de que el Gobierno central le planteara aplazar el cobro de los trabajos más allá de 2012, fecha prevista para la culminación de la obra.
Actualmente, «Acciona Infraestructuras» y el Ministerio de Fomento están negociando la fórmula de pago, aunque la decisión de la empresa de sellar los túneles de este tramo de autovía para acopio de materiales no ha sido bien recibida en la costa, donde se ha interpretado como «una evidencia de la parálisis total» que padece la obra.
El alcalde de Motril y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa, Carlos Rojas (PP) ha manifestado en varias ocasiones que los ciudadanos de la costa se sienten «realmente engañados» por el Gobierno, al que ha acusado de seguir «dando la callada por respuesta». La costa, «está sumamente afectada porque están jugando con nuestro crecimiento y con nuestro futuro y no podemos consentirlo», así que «vamos a defender lo que por derecho nos pertenece», ha advertido.
Además de exigir la finalización de la A-7 a su paso por el litoral granadino, el escrito remitido en su día a Fomento también reflejaba las aglomeraciones de tráfico que deben padecer a diario los usuarios de la N-340 cuando «tienen que soportar las retenciones de hasta tres y cuatro horas», que se forman en el túnel de Calahonda, la travesía de Torrenueva y en la recta de Salobreña.
También se narraba la situación que viven «los trabajadores del tramo Puntalón-Carchuna de la A-7 que han perdido su empleo» y se hacía alusión a la necesidad de que se paguen las expropiaciones a más de 200 agricultores afectados por esta obra.

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