GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto al ex alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el que fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que lo consideró responsable de los vertidos de aguas residuales que afectaron a la urbanización Llanos de Silva, un fallo que precipitó su dimisión como primer edil.
Tras revisar la sentencia recurrida por Sánchez, el tribunal de la Sección Primera considera que es «indudable» que el vertido se produjo, pero que no ha quedado claro que éste causara un «grave riesgo al ecosistema», y que el entonces alcalde lo provocara con su conducta. Por eso, en este caso los jueces estiman necesario aplicar el principio «in dubio pro reo», por el que en caso de duda, la decisión ha de decantarse a favor del condenado, según consta en la resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press.
Por ello, los magistrados dan por probado los hechos que ya se reflejaron en la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 pero con la supresión de expresiones tales como que el vertido «generó una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales y la salud de las personas» y con la inclusión de la afirmación de que durante el tiempo en el que el vertido permaneció «ha existido un peligro para la flora y la fauna existente, pero sin llegar a afectar gravemente al ecosistema de la zona».
Entiende la Sala que la acusación «no ha reunido un cuadro de prueba de cargo suficiente» para mantener la condena contra Sánchez y contra el representante de la empresa que construyó las viviendas de la urbanización, Ramiro Pérez de la Blanca, y por ello estima sus recursos y revoca la sentencia dictada en primera instancia.
Para el tribunal, «no hay dato alguno objetivo que permita determinar cómo afectaron dichos vertidos al medio» y que por tanto sin información «suficiente» que permitan afirmar que dañaron las aguas del Pantano de Cubillas «no puede estimarse» que existió un peligro grave, ya que no se elaboraron en el proceso informes periciales que así lo acreditaran. Los que se han aportado a la causa, señala la Sala, quedan reducidos a «meras opiniones» y no tienen «ningún rigor científico», por lo que deben considerarse no como pruebas que aporten aspectos fácticos «sino criterios que auxilian al órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos».
En ese sentido, llegan a criticar los magistrados al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada por «teorizar con conceptos hidrológicos» considerando que las infiltraciones llegaron al caudal del río «sin constancia objetiva alguna», basando su argumento en «posibilidades que no deben tenerse en cuenta en un sentencia penal».
«No hay un solo informe ni pericia que objetivice un deterioro en el entorno del pantano que suponga un grave perjuicio para el ecosistema del mismo o del río y tampoco nadie se ha pronunciado por la magnitud del vertido y que su duración haya sido de máxima gravedad como para traspasar el orden administrativo, sobre todo si se tiene en cuenta que, pese a lo argumentado en la sentencia, no se ha podido cuantificar daño alguno», mantienen los magistrados, a los que «llama la atención» que las Autoridades Administrativas no ordenaran la paralización de los vertidos y «sorprende» que ese vertido haya podido mantenerse «durante tanto tiempo», que es «lo más grave del asunto».
Por todo lo anterior, la Sección Primera revoca el fallo inicial y absuelve a Sánchez y a Pérez de la Blanca, en una resolución firme contra la que no cabe recurso alguno. El alcalde fue condenado a tres años de cárcel, y Pérez de la Blanca, que es presidente del Consejo de Administración del CB Granada, lo fue a un año y nueve meses de cárcel y una multa de 1.920 euros, penas a las que finalmente no tendrán que enfrentarse.

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