GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Plataforma en Defensa del Río Castril ha recurrido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baza (Granada) la denuncia que le ha sido interpuesta por un delito de reuniones y manifestaciones ilícitas a raíz de las movilizaciones que ha impulsado en las últimas semanas en contra del trasvase a Baza.
En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, Ortiz considera que esta imputación, por la que ha sido citado a declarar a primeros de octubre, «es contraria a derecho» y se ha realizado «sin motivación alguna» vulnerando el derecho de reunión reconocido en la Constitución Española.
Indica además que «el ámbito punitivo de las reuniones o manifestaciones ilícitas –delito que se le imputa– ha quedado reducido, en el actual Código Penal, a las reuniones que tengan con finalidad la comisión de algún delito o en las que los concurrentes porten armas, artefactos explosivos y objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso».
En este sentido, recuerda que en los atestados elaborados por la Guardia Civil durante las protestas ciudadanas se descartó la existencia de «ningún tipo de violencia en las personas, ni daños materiales ocasionados por los presuntos autores del hecho», motivo por el que el presidente de la Plataforma en Defensa del Río Castril pide el archivo de las diligencias abiertas contra su persona.
En declaraciones a Europa Press, Ortiz criticó «el acoso» que están sufriendo él y los miembros y simpatizantes de la plataforma por oponerse a las obras del trasvase a Baza y aseguró que no «se van a amedrentar» porque este proyecto supone un «atentado contra el ecosistema del río Castril tal y como lo conocemos».
ORGANIZÓ LAS CONCENTRACIONES
Esta situación se produce después de que Ortiz haya sido denunciado por la Guardia Civil al menos en dos ocasiones, el 24 de agosto y el 3 de septiembre, como «organizador» de dos concentraciones no autorizadas por la Subdelegación del Gobierno en el paraje Matamolinos de Cortes de Baza (Granada) para impedir la continuidad de las obras del trasvase.
La primera movilizó a unas 300 personas hasta la parcela expropiada en Cortes de Baza para la canalización del río Castril, según se desprende de la comunicación remitida a Ortiz por la Subdelegación del Gobierno y en la que se advierte de que estos hechos son sancionables con multa de hasta 3.000 euros.
La segunda movilización consistió en una sentada de una treintena de personas en la misma parcela de Cortes de Baza a fin de interrumpir de nuevo los trabajos del trasvase, aunque en esta ocasión la Guardia Civil instó a los manifestantes a marcharse y les avisó de que su conducta «podría constituir responsabilidades administrativas».
Ante su negativa a abandonar el lugar, los agentes procedieron a desalojarlos hasta el exterior de las zonas delimitadas por las obras. En la comunicación que la Subdelegación ha remitido a Ortiz se indica que estos hechos, sin perjuicio de lo que resulte en la instrucción, pueden ser sancionables con una multa de hasta 4.000 euros.

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