GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Granada ha mantenido este miércoles su petición de 24 años y seis meses de prisión y multa de 37.900 euros para la mujer acusada de captar mujeres de nacionalidad brasileña para que ejercieran la prostitución en los dos locales de citas que regentaba en Granada y explotarlas laboralmente reteniendo además sus pasaportes para evitar su marcha.
Entiende el Ministerio Público que las declaraciones de las testigos y los resultados de los registros en las viviendas de la procesada, María D.O.C., de 57 años, han demostrado que ésta se dedicaba a traer de Brasil a mujeres que, aunque sabían el oficio al que se iban a dedicar, desconocían las condiciones en las que iban a hacerlo. Así, «totalmente engañadas», comenzaban a trabajar para María hasta 24 horas al día, sin percibir cantidad alguna y con una deuda de 4.000 euros contraída «que cada vez era más elevada».
Además, según ha incidido el fiscal, la inculpada se dedicaba también a la venta de drogas desde sus locales, como evidenció el hecho de que aparecieran en su dormitorio más de 140 gramos de cocaína y balanzas de precisión. Por ello, le imputa, además de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, otros contra el derecho de los trabajadores y tres relativos a la prostitución, también un delito más contra la salud pública.
El juicio, que ha quedado visto para sentencia, ha vivido este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada su segunda sesión, en la que ha comparecido como testigo una de las mujeres supuestamente explotadas por la acusada. La chica, de nacionalidad brasileña como la imputada, ha explicado que María le pagó el billete de avión para viajar de Brasil a España con el objetivo de dedicarse a la prostitución y que se quedó entonces con su pasaporte, aunque le aseguró que si quería regresar o desistir del oficio se lo devolvería.
María, ha dicho la testigo, fijaba las tarifas de los servicios sexuales e imponía a las prostitutas el horario de trabajo, que se ajustaba a la presencia o no de clientes en los locales. Además, las mujeres, que dormían todas en una misma cama –concretamente cuatro–, tenían que pagar a la proxeneta una multa de 30 euros si un día no podían trabajar por la razón que fuera. El dinero que obtenían por su trabajo se lo entregaban a un camarero, que después se lo trasladaba a la procesada, ha indicado al tribunal la testigo, que se encuentra actualmente en situación irregular en España.
Por otro lado, también han comparecido los agentes de Policía Nacional que actuaron en las dos viviendas, situadas muy cerca del centro histórico de la ciudad, tras un oficio enviado por la Policía Local alertando de que en ellas se ejercía la prostitución. Autorizados judicialmente los registros, los policías encontraron cocaína, balanzas de precisión, más de 7.000 euros en efectivo y los pasaportes de las mujeres, en las dependencias personales de la procesada.
La versión ofrecida por una de las prostitutas es muy diferente de la que ha dado la acusada al tribunal, que negó este martes haber explotado laboralmente a las mujeres y retenerlas contra su voluntad apropiándose de sus pasaportes. La inculpada asegura que las mujeres le hacían llegar «a través de amigas» el deseo de éstas de trabajar como prostitutas «porque querían o porque les gustaba» en las dos casas de su propiedad. Entonces ella les cobraba el alquiler y no el dinero que conseguían de los servicios a clientes, ni les imponía una tarifa ni un horario de trabajo.
Las mujeres, según dijo, le entregaban en ocasiones las cantidades que ganaban al camarero del local «por seguridad» para luego recuperarlas. También por «seguridad», ha dicho, guardaba a algunas de las mujeres su pasaporte, pero «ellas podían salir» y pedírselo «cuando quisieran».

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