El Ayuntamiento afirma que la ciudad dejó de ingresar «cinco millones» por esta disputa legal
GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada ha dado la razón al Ayuntamiento de Granada respecto a la posibilidad de ceder a una empresa privada la gestión del aparcamiento del Palacio de Congresos, después de que en febrero del 2000 caducara la anterior concesión, que se otorgó por un periodo de diez años y sin posibilidad de prórroga.
Concretamente, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso interpuesto en su día por el Consorcio del Palacio de Congresos y Exposiciones, donde la Junta tiene una representación del 64 por ciento, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que declaraba la caducidad de la citada concesión, otorgada en febrero de 1991.
El concejal de Personal en el Ayuntamiento, Juan Antonio Fuentes (PP), ha expresado en rueda de prensa su «satisfacción» por este desenlace judicial, al asegurar que cuando la entidad local trató de sacar a concurso la concesión estaba «defendiendo» los intereses de los granadinos, a diferencia de lo que a su juicio ha hecho el PSOE y la Junta de Andalucía.
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía, Juan Antonio Mérida, ha lamentado que la actitud de los socialistas en este asunto propiciara la «paralización» de la citado concesión por valor de unos cinco millones de euros, favoreciendo, según dijo, «un remanente de tesorería negativo».
El juez considera que la extinción de la concesión del aparcamiento «no es arbitraria» porque «se funda en el transcurso del plazo estipulado» de acuerdo a la legalidad vigente. «El Ayuntamiento no ha hecho otra cosa que ejercer los derechos que le confiere la legislación» plasmando jurídicamente la «realidad del transcurso del tiempo para que la extinción por caducidad pueda ser declarada».
Por el momento, el aparcamiento está siendo gestionado por la empresa municipal «Granada Eventos Globales» (GEGSA) y el Ayuntamiento ha rehusado precisar si prevé iniciar el procedimiento para sacar a concurso la concesión, una vez que los tribunales le han dado la razón.

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