GRANADA, 08 (EUROPA PRESS)
Los municipios granadinos afectados por el temporal del pasado invierno ya pueden comenzar a gestionar las subvenciones que solicitaron en su día para acometer mejoras en las infraestructuras municipales que resultaron dañadas y que supondrán una inversión de 23 millones de euros en el conjunto de la provincia a cargo al plan extraordinario de inversiones del Ministerio de Política Territorial.
Así lo han explicado el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler y el vicepresidente cuatro y diputado de Obras y Servicios, José Entrena, a los alcaldes de los ayuntamientos afectados.
En el marco de esta convocatoria de ayudas, la Diputación de Granada aprobó en el pleno extraordinario del pasado 20 de julio un paquete de inversiones extraordinarias, por importe de 23 millones, de los cuales algo más de nueve corresponden a actuaciones de la Diputación en la red viaria provincial y 13,9 a actuaciones municipales de reposición de infraestructuras locales dañadas.
En todas las obras habrá una cofinanciación del Gobierno de la Nación del 43 por ciento, lo cual supone una aportación del Estado de 9,9 millones y el resto será cofinanciado por la Diputación (5,1 millones) y los ayuntamientos (7,8 millones).
En lo que se refiere a los ayuntamientos, se van a ejecutar un total de 330 actuaciones en 83 municipios de la provincia. Por parte de la Diputación acometerán un total de 75 actuaciones en las carreteras provinciales. En total 405 intervenciones en el conjunto de la provincia.
Entrena también ha especificado a los responsables municipales la documentación que deberán aportar para el pago de la subvención de los daños que deberán quedar totalmente terminadas en el plazo de un año a contar desde la fecha del libramiento de la subvención (17 de agosto de 2010).
El Gobierno central, a través del Ministerio de Política Territorial prevé ayudas de hasta el 50 por ciento para reparar los daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales y de hasta el cien por cien para garantizar la prestación de los servicios básicos.

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