GRANADA, 09 (EUROPA PRESS)
El grupo del PP en la Diputación de Granada ha exigido que se unifiquen los derechos y obligaciones de todos los trabajadores que dependen de la institución provincial y, especialmente, de la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada S.A (Visogsa), donde, según aseguró, «el 50 por ciento del personal está contratado en fraude de ley y el resto son enchufados del PSOE».
Así lo indicó este lunes en rueda de prensa el portavoz del grupo «popular» en la Diputación, José Robles, tras conocer la intención de la institución supramunicipal de indemnizar con 26.976 euros al ex gerente de Visogsa en vez de readmitirle, después de que el titular del Juzgado de lo Social número 3 de Granada haya declarado improcedente su despido, que se realizó en abril de 2010 en base a la finalización de una de serie servicios que, a juicio del juez, no fue tal.
Concretamente, la institución indicó por carta al trabajador que era cesado con motivo de la finalización de la Contabilización-Gestión Actuación Plan Estatal 2005-2008″ para la que había sido contratado, aunque el juez considera probado que en ese momento el gerente se «hallaba prestando servicios en el Plan 2009-2012», así como en otro anterior.
Añade además que en la reunión celebrada con el delegado de Personal de la empresa pública y algunos trabajadores, el director gerente de la misma manifestó que su cese se producía «por no haber sido fiel (o leal) a la empresa, y que su despedido salía más barato que el de la jefa de Contabilidad».
Para Robles, compensar económicamente a este trabajador «es lesivo para los intereses de Visogsa», que «no puede seguir pagando indemnizaciones millonarias a trabajadores despedidos por capricho del presidente de la Diputación», Antonio Martínez Caler.
Así, y tras asegurar que el ex gerente de Visogsa desarrollaba un «buen trabajo», el diputado provincial José Torrente anunció la intención del PP de solicitar un consejo extraordinario de la empresa pública para exigir su readmisión, después de que el último encuentro entre las partes haya sido infructuoso en ese sentido.
Los «populares» también reclamarán que se unifiquen los derechos y obligaciones de todos los trabajadores de la institución provincial al considerar que el PSOE ha instalado, con el beneplácito de IU –gobiernan en coalición– «una dictadura laboral» que se «salta los derechos de los trabajadores» y propicia la colocación de ex cargos socialistas.

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