GRANADA, 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía y el PP han presentado ya sus respectivos recursos contra la sentencia que condenó al ex alcalde de Armilla (Granada), José Antonio Morales Cara, al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate y al promotor Tomás Olivo por la tramitación irregular del Centro Comercial Nevada. Las dos acusaciones consideran que las penas que les ha impuesto el Juzgado de lo Penal 3 son insuficientes y que éstas no se ajustan a las ilegalidades que cometieron.
En el recurso presentado por el Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal encargado del caso, Valentín Ruiz, está de acuerdo con la práctica totalidad del contenido del fallo, pero señala que las condenas de siete meses de cárcel e inhabilitación por un periodo de siete años para los responsables municipales y la misma pena de prisión y multa para Olivo son «mínimas» lo que puede provocar «el indeseado efecto criminogénico de anular la importantísima función preventiva o admonitoria de los preceptos legales».
En opinión de la Fiscalía, el juez ha castigado «desproporcionadamente» lo que en realidad debería considerarse «gravísimas actuaciones». En ese sentido, mantiene su solicitud de condena que ya expresó en sus conclusiones definitivas, esto es un total de tres años y cuatro meses de cárcel (o alternativamente incluyendo multas) para Morales Cara y Cañavate, y dos años y dos meses para Olivo. Además, indica que, como primera opción, habría que procederse a la demolición «completa, íntegra y total», aunque dejando la puerta abierta a la parcial y a una tercera posibilidad para presentar un proyecto «alternativo» antes de que la sentencia sea firme.
Insiste el fiscal en que Morales Cara y Cañavate cometieron dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, y no tan sólo uno de prevaricación urbanística por el que han sido condenados. Así, sobre la infidelidad, que se refiere a la «desaparición» del informe elaborado por el letrado municipal que era contrario a la concesión de la licencia, que se otorgó el pasado 30 de septiembre de 2005, la Fiscalía no está de acuerdo con que no ha quedado acreditado cuándo y en qué dependencia se perdió, y considera que los responsables fueron los dos políticos.
EL NEVADA SÍ INVADIÓ SUELO PROTEGIDO Y ZONA VERDE
Tampoco está de acuerdo el Ministerio Público con la argumentación que llevó al juez a rechazar la comisión de un delito contra la ordenación del territorio por parte de Morales Cara y Cañavate, sobre la no invasión por parte del Nevada de suelo no urbanizable protegido, ya que los peritos y los agentes del Seprona ya constataron en el juicio que sí que llegó a invadirlo, ocupando incluso hasta «engullirlo» el Camino Viejo de Alhendín, algo que ya sabían los imputados. «Hoy por hoy –el Nevada– sigue invadiendo zonas verdes, y no se ha despejado la posibilidad de que bastasen los sistemas que ahora existen o los que están proyectados para evitar los efectos de una riada o una avenida», se incide en el recurso.
Sobre la absolución del delito de desobediencia grave a la autoridad de Tomás Olivo, que inicialmente se le imputaba por haber acometido obras que se excedían de la autorización concedida por el juez cuando ya se había decretado su paralización, el Ministerio Público sostiene que el revestimiento de la fachada con mármol verde no se hizo «como elemento de seguridad, sino como un acabado estético», algo a tener en cuenta para aumentar la pena a la que ha sido condenado.
Asimismo, el fiscal mantiene que también cometieron delito, al menos como cooperadores necesarios, el resto de acusados que han sido absueltos, es decir, los cuatro concejales que dieron su voto para la concesión de licencia de obras, y dos arquitectos municipales y dos abogados externos al Ayuntamiento. De hecho, sobre estos cuatro últimos, insiste en que sabían que su actuación tenía el objetivo de «suplantar» el «obstruccionismo» o «la actitud reacia» de la Junta de Andalucía sobre el proyecto del Nevada.
En definitiva, considera que para la construcción del centro comercial, con 275.000 metros cuadrados construidos, «se prescindió completa y absolutamente del procedimiento legal establecido» y que «nunca existió procedimiento ajustado a derecho», por lo que procedería además la declaración como nulos de todos los actos administrativos que llevaron a su edificación, esto es, la licencia de obras y el plan parcial B sobre el que se levantó.
RECURSO DEL PP
El PP, personado como acusación particular, también ha dado a conocer su recurso, en el que igualmente pide la condena de los cuatro ediles absueltos; un aumento de las penas de los condenados «dada la gravedad de la conducta delictiva» de los acusados, que produjeron además un «daño objetivo a la economía y al desarrollo de Armilla»; y que Morales Cara sean condenados por un delito de infidelidad en documento público y por otro contra la ordenación del territorio.
El documento ha sido dado a conocer en rueda de prensa por el presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, quien ha recordado que han sido condenados dos personas, Morales Cara y Cañavate, que, cuando fueron denunciados, «eran la flor y nata del PSOE granadino».
A juicio de su partido, según explicó, la sentencia del juez no ha aclarado dónde están los 36 millones de euros procedentes de las plusvalías del aumento de la edificabilidad del Nevada que le correspondían al Ayuntamiento de Armilla, a los ciudadanos, y ha insistido en que este caso «es el único de corrupción en España» que no ha permitido investigar el patrimonio de los imputados, cuando existe un informe de la Guardia Civil que constató que «sus bienes no se correspondían con sus ingresos».
Asimismo, Pérez puso en duda la imparcialidad de uno de los testigos que declaró durante la vista oral, el entonces secretario general de la Delegación Provincial de Medio Ambiente siendo delegado el actual alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, que ha tenido como «recompensa» a su «lealtad» haber sido designado jefe de Urbanismo en el Consistorio.
El testigo, según sostiene el PP en su recurso, no dejó claro por qué no se alertó de que la licencia medioambiental con la que contaba el Nevada había perdido su vigencia cuando se inició su construcción y aseguró que tampoco tenía constancia de que las obras se hubieran paralizado. Por eso, el PP duda de su credibilidad y censura que el juez haya dado por válido su testimonio.

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