GUADIX (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Social Número 1 de Granada ha condenado a la Diputación de Granada por la contratación en fraude de ley y el posterior despido improcedente del atleta Francisco Javier «Paquillo» Fernández como director del Centro Andaluz de Entrenamiento Manuel Alcalde (CAE), según han informado desde el departamento de comunicación del marchador.
El andaluz, actualmente suspendido por su relación con el dopaje, fue cesado de esta actividad el pasado 31 de marzo de 2010, mediante una carta de despido que señalaba que, tras la propuesta de la Comisión de Seguimiento del CAE a la vista de la del diputado delegado de Deportes (Iván López Ariza) y visto el informe de la jefa de sección de selección externa de personal, «se resuelve cesar al demandante, por incumplimiento contractual debido a la transgresión de la buena fe contractual», conforme al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
Sin embargo, el juez ha reconocido que esta comunicación vulneraba el Estatuto de los Trabajadores al no reunir los requisitos mínimos de una comunicación de este tipo y en su resolución, con fecha del pasado 29 de junio, dice textualmente que han existido un cúmulo de irregularidades en la contratación y el despido del atleta «desde la contratación en fraude de ley del trabajador con un contrato de obra y servicio para una actividad de carácter permanente y propia del ámbito de actuación de la Delegación de Deportes a la que ha seguido el despido en una carta que adolece los requisitos básicos para ser considerada como tal».
El Juzgado de lo Social Número 1 de Granada confirma el carácter fraudulento del contrato por obra o servicio, «ya que se crea un centro con vocación de permanencia (…) y no existe justificación alguna para su temporalidad», según indica el artículo 52c del ET, por lo que «el contrato debe ser considerado en fraude de ley dado que no está justificada la temporalidad».
«Paquillo» Fernández recibió el 15 de marzo de 2010 la carta de despido donde se le comunicaba su cese el 31 de ese mes por incumplimiento contractual. Sobre este hecho, el magistrado considera que «resulta evidente que se ha vulnerado el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores».
«La demanda que planteábamos ante los tribunales tenía dos objetivos, que se declarara que el atleta es personal indefinido y que por tanto estaba contratado en fraude de ley y, en segundo lugar, que no ha cometido acto o infracción alguna y que, por tanto, el despido es absolutamente improcedente», ha indicado al respecto el abogado del marchador Francisco Torres García.
Para el letrado, se han producido «todo un cúmulo de irregularidades, no del trabajador, sí de la empresa (Diputación), que debería reconsiderar su actitud y readmitir al trabajador».
«Paquillo» Fernández fue sancionado el pasado mes de abril con dos años de suspensión después de que una redada de la Guardia Civil encontrase a finales de noviembre sustancias dopantes en su domicilio, aunque a principios de este mes, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) redujo el castigo a la mitad por lo que el de Guadix podrá volver a competir en 2011.

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