GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)
El ex alcalde socialista en Armilla (Granada), José Antonio Morales Cara, y el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de la Diputación de Granada Gabriel Cañavate recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada que los condena a siete meses de prisión y a siete años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de licencia del centro comercial Nevada, según informaron a Europa Press sus abogados.
Según señala el juez en el fallo, consultado por Europa Press, Morales Cara y Cañavate son supuestamente responsables de ese delito porque ambos eran conscientes de que existían dos informes (uno técnico y otro jurídico) que eran desfavorables a la concesión de la licencia, que fue sin embargo otorgada el 30 de septiembre de 2005 con el voto de otros cuatro concejales –imputados en la causa y ahora absuelto–.
Los dos responsables municipales incurrieron en una «grave irregularidad» en el otorgamiento, puesto que, conociendo el contenido del informe jurídico, «omitieron» las consideraciones que entonces hizo el secretario municipal acerca de que el documento, que no constaba en el expediente, era «preceptivo».
De hecho, según incide el magistrado, el alcalde expuso verbalmente a la Junta de Gobierno Local que este informe sólo trataba meramente de cuestiones de procedimiento, y explicó a los concejales que la licencia se basaba en un plan parcial que ya contaba con todos los avales justificando además la necesidad de concesión de licencia en el beneficio que supondría para Armilla el Centro Comercial «en términos de riqueza y creación de empleo».
El informe existió y fue elaborado por el letrado municipal pero después desapareció, y los ediles no pudieron tenerlo en cuenta el día en que se concedió la licencia para dar su voto favorable. Sin embargo, aunque las acusaciones imputaban a Morales Cara y Cañavate ser los autores de que el documento no se aportara aquel día, el juez no ve pruebas de que ellos fueran los responsables de la desaparición, ya que «sólo se aprecian meras sospechas pero no indicios suficientes» para condenarlos por un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Los dos responsables políticos han sido sin embargo absueltos de los otros dos delitos que se le imputaban –otro de ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y el de infidelidad en la custodia de documentos públicos–. Ambos se enfrentaban inicialmente a un total de tres años y cuatro meses de prisión, 20 de inhabilitación y 10.800 euros de multa, que era lo que solicitaba para ellos la Fiscalía de Granada.

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