MOTRIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)
El juicio previsto para hoy en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada) contra el alcalde de Almuñécar (CA), Juan Carlos Benavides, ha sido retrasado al próximo 8 de octubre a petición de la Fiscalía tras la incomparecencia de un testigo que no ha podido acudir a la vista por «problemas de agenda», según ha justificado.
El primer edil está acusado, junto al arquitecto municipal y cinco concejales, de un delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción de un pabellón deportivo en La Herradura, cuyo proyecto se aprobó en 2005, según el fiscal, a sabiendas de que el terreno era protegido, por lo que se enfrenta a dos años de prisión y a diez de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
El juicio, que estaba previsto que quedara hoy visto para sentencia, ha tenido que ser aplazado porque uno de los testigos citados, que cuando se aprobó el proyecto de construcción tenía responsabilidades en la Empresa Pública de Suelo de la Junta de Andalucía (EPSA), ha justificado su ausencia en sus «problemas de agenda», algo que el titular del Juzgado de lo Penal ha considerado «injustificado», por lo que le ha advertido de que deberá comparecer en la nueva fecha fijada bajo «apercibimiento» si finalmente no acude y con la acusación de un delito de obstrucción a la justicia. El testigo, que hoy es secretario general de Administración Pública, es considerado «esencial» por el Ministerio Público.
La defensa de Benavides ha intentado por otro lado que se declararan nulas las actuaciones, al entender que éste se trata de un caso ya juzgado, puesto que en mayo del pasado año el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ya dictó sentencia que avalaba las decisiones que adoptó la Junta de Gobierno Local en relación con el pabellón, un fallo que está recurrido por la Junta de Andalucía.
El representante del Ministerio Público advirtió de que las jurisdicciones son independientes, por lo que nada tiene que ver que el tema pueda ser juzgado en el ámbito de lo penal, si bien el magistrado que enjuiciará el caso ha querido estudiarlo dándose de plazo hasta el 8 de octubre.
El caso se remonta al pasado 25 de enero de 2005, cuando Benavides y el resto de su equipo de gobierno aprobó en Junta de Gobierno Local la construcción de un pabellón en La Herradura, a sabiendas, según el Ministerio Público, de que se levantaría sobre un suelo de alta rentabilidad agrícola y de alto valor paisajístico, y sin que se declarara la utilidad pública de la obra, un trámite que debería haberse llevado a cabo para que el proceso fuera legal, según denunció entonces la Junta de Andalucía.

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