GRANADA, 29 (EUROPA PRESS)
El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, discrepó hoy del Defensor del Pueblo Español sobre la situación de las instalaciones de primera asistencia y detención de extranjeros del Puerto de Motril (Granada)–que ha recomendado cerrar o en su defecto que se acometan obras de mejora– y aseguró que las reformas indicadas por la institución están ya encargadas al Ministerio del Interior.
En rueda de prensa, el subdelegado explicó que el Gobierno «ha recogido» todas las propuestas de mejora que sugiere el departamento de Enrique Múgica y que éstas se han trasladado a Madrid. «Cuando Madrid lo considere, se llevarán a cabo las reformas, que además son fácilmente superables», consideró Cruz.
Asimismo, según apuntó, las instalaciones se han mejorado en los últimos cinco años, cuando además se ha reducido el número de inmigrantes llegados a las costas granadinas, pasando de miles a sólo 300 en lo que va de año. «Las condiciones han mejorado únicamente por el número de personas que utilizan esas instalaciones, que no son un centro de detención, sino de acogida», sostuvo.
En el Informe Anual de 2009, al que tuvo acceso Europa Press, el Defensor señala que el centro está concebido para una estancia de pocas horas y no es adecuado para pernoctar. Sin embargo, la media de tiempo que los inmigrantes pasan en él es de 46 horas. Así, recalca que debería de ser sustituido por otro nuevo similar a los que existen en los puertos de Almería o Tenerife o, «cuanto menos», someterlo a obras de acondicionamiento, mejorar su la ventilación y habilitar un sistema de climatización.
Además, Enrique Múgica insta a que se entreguen elementos de aseo y rompa limpia a los detenidos, a instalar contenedores para la destrucción de la ropa que visten los detenidos su llegada y de las mantas que no pueden ser higienizadas y a colocar más literas y duchas en el módulo de recepción.
En cuanto a los procedimientos de identificación de los detenidos, pide que se deje de marcar a los inmigrantes con rotulador en la piel y reclama que se informe a la Fiscalía de la presencia de posibles menores de edad.
Al respecto, cree que «llama la atención» los resultados de las pruebas de determinación de edad, ya que éstos no ofrecen una horquilla de edad, sino un dato cerrado, «lo que se compadece mal con los usos forenses en la materia».
En lo que se refiere a la información, el Defensor del Pueblo apreció que durante la visita realizada por esta institución, en las instalaciones del Puerto de Motril no se distribuye el folleto editado por la Oficina de Asilo y Refugio sobre protección internacional y que la información no se encuentra en un lugar visible.
Por último, mantiene que los funcionarios que tienen contacto directo con los extranjeros que llegan en patera deberían realizar formación continua para mejorar la detección de víctimas de trata y que se debe reforzar la dotación de mujeres policías para que éstas tengan entrevistas individuales con las extranjeras que puedan ser potenciales víctimas de redes de explotación sexual o laboral.

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