La Fiscalía mantiene su petición de ocho años de inhabilitación, otros dos de prisión y multa de 10.800 euros para el regidor
GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Nívar (Granada), Antonio Molero (Agrupación Nivera Independiente), aseguró hoy que autorizó las obras en El Castillejo «sin saber» que se trataba de un yacimiento arqueológico y que en él pudiera haber restos cerámicos y óseos, que se encontraron con posterioridad de los trabajos, que fueron paralizados por la Delegación de Cultura.
Así lo declaró hoy en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, donde se sentó en el banquillo junto a tres personas más –el promotor de la obra, el contratista y el conductor de la excavadora– acusado de la comisión de un delito de prevaricación y otro de daños en bien de valor histórico y yacimiento arqueológico, por los que se enfrenta a inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años, dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio al derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y multa de 10.800 euros, ya que la Fiscalía ha decidido hoy mantener los cargos que le imputaba inicialmente.
El regidor, que gobierna en mayoría en su localidad desde 1995, aseguró que las Normas Subsidiarias del municipio contemplaban los terrenos de El Castillejo como suelo urbanizable, y que tampoco fue incluida como zona de especial protección en el Plan Parcial que se elaboró para la construcción de una urbanización en ella.
De hecho, el Plan Parcial fue aprobado por la Comisión Provincial de manera definitiva en julio de 2004 sin que «nadie» advirtiera al Consistorio de que debía consultar a Cultura acerca de si se podían o no acometer trabajos en la zona. En todos los trámites que se tuvieron que superar para el comienzo de las obras «ninguno» recibió alegaciones por parte de ninguna administración ni particular, señaló el alcalde ante el juez.
Según Molero, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que El Castillejo era zona arqueológica cuando el técnico que estaba redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Nívar se dirigió a la Dirección General de Bienes Culturales para preguntar por los Bienes de Interés Cultural (BIC) que pudiera haber en el municipio, momento en el que se le advirtió de que El Castillejo era zona protegida por tratarse de un castillo, según la Ley de Patrimonio, aunque no tuviera específicamente la declaración de BIC, que le fue otorgada con posterioridad, en 2008.
Así, el 27 de abril de 2007, previo contacto y requerimiento de Cultura, el Ayuntamiento paralizó las obras, que llevaban un mes ejecutándose, sin que hasta la fecha se hayan reanudado los trabajos que entonces se realizaban en la zona por una empresa de movimiento de tierras.
TODOS LOS ACUSADOS COINCIDEN EN SU «DESCONOCIMIENTO»
En la causa también están imputados el promotor, el contratista de la obra, y el conductor de la excavadora, que, junto al alcalde, según la petición de la Fiscalía, deberán hacer frente a casi un millón de euros a la Junta de Andalucía por los daños causados en el yacimiento, que se invertirán en su restauración y en la reversión de los posibles destrozos.
Los tres acusados coincidieron en que desconocían «totalmente» que El Castillejo fuera un yacimiento arqueológico y aseguraron que no vieron ningún elemento en la zona que les hiciera sospechar que así pudiera ser.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, declararon además los agentes del Seprona que visitaron la obra el 25 de abril de 2007 –dos días antes de que los trabajos fueran paralizados– que aseguraron que el desmonte de la ladera y la construcción de dos viales, uno superior y otro inferior, en la zona podrían verse a simple vista restos cerámicos y óseos que podían ser humanos y unas pequeñas oquedades que podría tratarse de tumbas de una necrópolis.
El diputado provincial Julio Bernardo (IU), que fue quien denunció los hechos ante Cultura, explicó ante el tribunal que tuvo conocimiento de que se estaban ejecutando obras en el yacimiento después de que los propios vecinos de Nívar le entregaran varias bolsas conteniendo restos, que luego entregó al propio Seprona.
La entonces jefa de Departamento de Protección de Patrimonio Histórico de la Delegación de Cultura mantuvo, tras la insistencia del juez, que, aunque hubiera sido adecuado por parte del Ayuntamiento haber comunicado a la Administración el inicio de las obras, al no tener entonces El Castillejo declaración como BIC, el informe de Cultura «no era entonces preceptivo». El que fuera Jefe de Servicio matizó no obstante que en El Castillejo era «evidente» que se iban a encontrar restos y que, por ello, tendría que haberse recabado ese informe.
Los peritos arqueólogos citados hoy señalaron además que El Castillejo estaba inventariado en el Catálogo de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, aunque no estaba catalogado, si bien al tratarse de una estructura defensiva se le presupone una protección contemplada ya en la Ley de Patrimonio. Los daños ocasionados por la excavadora al yacimiento y al entorno, de más de 1.780 metros cuadrados de superficie y datados del periodo tardo-antiguo y alto-medieval, son «difícilmente reparables».

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