GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)
El PP no descarta presentar una nueva denuncia contra los cargos de la Junta de Andalucía que participaron en la tramitación supuestamente irregular del Parque Comercial Nevada de Armilla (Granada) una vez que se haga pública la sentencia que está actualmente elaborando el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que enjuició el caso desde el pasado 20 de abril al 27 de mayo.
En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, recordó que la mayoría de los acusados en el proceso, entre los que se encuentra el ex alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, han apuntado durante las sesiones del juicio al Gobierno andaluz como responsable último de los pasos que se iban dando para la construcción del centro comercial.
«Ha existido un apagón informativo, pero hay que decir que todas las miradas se dirigen a Teresa Jiménez, que entonces era la responsable a nivel provincial de la Junta de Andalucía en Granada –hoy secretaria provincial socialista–«, incidió Pérez, para quien la Administración Autonómica se ha mantenido en «silencio» a pesar de las acusaciones vertidas por los que se han sentado en el banquillo, los técnicos del Ayuntamiento de Armilla, e incluso la empresa promotora.
De hecho, tanto Morales Cara como Cañavate defendieron la legalidad de la licencia y alegaron que ésta se basaba en un plan parcial que no había sido recurrido por ninguna administración. «El Centro Comercial Nevada tuvo el apoyo de todos los partidos políticos. Desde que empezó a tramitarse en 1996 hasta 2006 –fecha en que la Junta presentó un contencioso contra la licencia– no hubo oposición, fue todo un beneplácito tanto de la sociedad como de la administración», añadió por su parte Cañavate.
Por su parte, Tomás Olivo, llegó a sorprender durante el juicio a la Fiscalía contestando que fue la Comisión Asesora de Comercio Interior (CACI), dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la que le «recomendó» al denegarle en primera instancia la licencia comercial que hiciera un proyecto «más grande» de «carácter comarcal». «¿Me está usted diciendo que amplió el Nevada por recomendación externa?», le preguntó el fiscal, a lo que Olivo contestó: «Sí, fue por imposición externa, nos lo denegaron por pequeño y nos vimos en la necesidad de comprar más suelo».
En lo que respecta al acuerdo extrajudicial en el que están inmersos tanto la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento de Armilla, como el promotor, Pérez consideró que se trata de un «chanchullo» de los socialistas, que «pretenden salir de ésta como pueden». «Querrán vestir el muñeco, pero el Nevada es un disparate, el mayor atentado contra la Vega en toda la historia de Granada», apuntó Pérez.
Una vez sea conocida la sentencia, informó Pérez, la asesoría jurídica del PP trabajará en la elaboración de una nueva demanda, incluyendo los posibles cargos de la Junta responsables en la tramitación, porque, a su entender, no deben quedar impunes si contribuyeron a la comisión de algún delito.
Al finalizar las sesiones del juicio, el fiscal consideró durante la exposición de su informe que el centro comercial de Armilla (Granada) es un proyecto «desmesurado» que «se inició mal y terminó mal», ya que «acabó por quebrantar todos los patrones». El PP, que fue quien presentó la denuncia de la supuesta tramitación irregular del Nevada ante la Fiscalía y que ejerce como acusación particular, apuntó entonces que es evidente que «no tiene nada que ver» lo construido con lo proyectado inicialmente y que «no es admisible» dudar de que el Nevada invadió zonas verdes, suelos no urbanizables y espacios dotacionales. Su construcción supuso para el Ayuntamiento de Armilla, según el letrado de los «populares», la pérdida de 39.564 metros cuadrados.
El Ministerio Público ha propuesto demoler totalmente el Nevada, dejando no obstante la puerta abierta a la demolición parcial, siempre que sean subsanadas las vulneraciones «más graves y evidentes» de la legalidad urbanística, e incluso a una tercera posibilidad, que sería la presentación de un proyecto «alternativo», que podría aceptarse como «restablecimiento» del orden jurídico por parte de los órganos competentes en materia urbanística y medio ambiental de la Administración Autonómica. Esta opción tendría que tener lugar «antes» de que la sentencia que se dicte acerca de la tramitación del Centro Comercial sea firme.

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