El alto tribunal coincide con el CGPJ en la gravedad de los hechos cometidos por Adelina Entrena, a quien reprocha su «clara desidia»
MADRID/GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de la carrera judicial que acordó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2007 para la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, como responsable de cuatro infracciones disciplinarias muy graves de desatención de competencias judiciales, relacionadas con notables retrasos en la excarcelación de presos que o ya habían cumplido su condena o superaban con creces el plazo máximo de prisión provisional.
En su sentencia, hecha pública hoy, el Tribunal Supremo desestima el recurso que presentó Entrena contra el acuerdo del CGPJ, que la sancionó con la exclusión de la carrera por la comisión de cuatro faltas muy graves, tres de ellas relacionadas con casos concretos de retrasos en la excarcelación de presos y una por el «descontrol general» detectado en su juzgado tras una visita de la Inspección del
El Supremo confirma ahora la sanción del máximo órgano de gobierno de los jueces por la «clara desidia personal» de la recurrente, que «observó unas actitudes de pasividad ante una pluralidad de hechos que advertían de la necesidad de control» y que «fueron mantenidas durante largos periodos de tiempo».
Según la investigación que llevó a cabo el Servicio de Inspección del CGPJ, Entrena habría cometido faltas muy graves en el caso de A.S., un hombre acusado de maltrato que fue condenado a siete meses de cárcel y que, pese a haber recurrido la sentencia, permaneció encarcelado tras haber cumplido el plazo máximo de prisión provisional sin sentencia firme.
La Comisión Disciplinaria del Consejo también entendió que la juez cometió otras faltas muy graves en el caso de otro preso a quien Entrena condenó a seis meses de cárcel y que no logró salir de prisión hasta un mes después de haber cumplido su condena, debido a la falta de control de su situación procesal por la titular del Juzgado de Motril.
«DESCONTROL GENERAL»
Por otro lado, a Entrena se le atribuía otra infracción muy grave por el «descontrol general» sobre las causas con presos que se detectó durante una visita de la Inspección al Juzgado. El Pleno valoró únicamente los hechos que en ese momento ya no eran objeto de enjuiciamiento por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 415 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por ello, no abordó la actuación de Entrena en el caso de José Campoy Maldonado, un hombre para quien la juez no dictó el mandamiento de libertad a pesar de haber sido absuelto en su juicio, lo que motivó que estuviera en prisión más de un año de lo que le correspondía.
En su recurso al Supremo la juez alegó que en el relato de hechos probados, el Consejo no hizo «ninguna observación favorable» hacia su persona o paliativa de la responsabilidad que se le imputa, lo que, en su opinión, «evidencia un ánimo predispuesto hacia la condena».
Además, defendió que el control primario sobre el tiempo de prisión provisional «no tiene por qué atribuirse exclusivamente a la juez», al «estar para esos cometidos» el secretario del juzgado y el funcionario encargado de tramitar la ejecutoria. En cualquier caso, argumentó que la decisión sobre la procedencia de poner en libertad a una persona es una función jurisdiccional «que debe estar exenta de toda injerencia disciplinaria».
Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que hay funciones que «por su trascendencia en el proceso penal y su relevante incidencia en el derecho a la libertad» requieren por parte del juez «un permanente, directo y riguroso control», que «no tolera delegación ni confianza».
Además, insiste en que la «clara desidia personal» de Entrena, por «derivar de un deber personal que es inexcusable», no «desaparece o se relativiza por el hecho de que otros funcionarios o profesionales hayan incumplido sus propias obligaciones».
SANCIONES ANTERIORES.
En octubre de 2007, el Pleno acordó suspender durante cinco meses en el ejercicio de sus funciones a Entrena por haber abusado de su condición de juez para ralentizar la celebración de un juicio contra su ex pareja por la denuncia que ella misma interpuso contra él por amenazas y lesiones.
El órgano de gobierno de los jueces, que incrementaba así en dos meses la propuesta de sanción que había acordó por unanimidad la Comisión Disciplinaria, consideraba que la juez ha cometido «una falta muy grave» contemplada en el artículo 417.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al utilizar su cargo para obtener un «trato favorable e injustificado».

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