GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Interior iniciará en un mes los trabajos de demolición de lo que queda de la antigua cárcel provincial y cederá los 2.670 metros cuadrados de esta parcela al Ayuntamiento de Granada, que ya tiene preparado un proyecto de urbanización y acondicionamiento de la zona.
La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), se reunió el pasado miércoles con representantes de Instituciones Penitenciaras para zanjar los detalles de la intervención, que supondrá la demolición de toda la parte delantera de la antigua cárcel, exceptuando el arco de entrada y su escudo republicano, que están protegidos por su valor patrimonial, según recordó la edil en declaraciones a Europa Press.
El principal objetivo del encuentro fue mostrar a Instituciones Penitenciares la imagen final que el Ayuntamiento quiere conseguir en la zona, de modo que los trabajos de demolición se realicen de acuerdo a los criterios del proyecto de urbanización elaborado por la entidad local. Así se deberá «respetar la anchura de las aceras y habrá que tener en cuenta que por este lugar se prolongará el bulevar que acaba justo al lado», precisó Nieto.
Instituciones Penitenciarias prevé comenzar con los trabajos dentro de un mes, puesto que ya tiene redactado y presupuestado el proyecto de derribo, incluidas las medidas de seguridad que se tomarán para evitar los incidentes junto a la transitada avenida de Madrid.
El Estado asumirá todo el coste de la actuación para «cumplir con sus obligaciones urbanísticas», situación que se produce después de que la entidad local enviara el pasado marzo un requerimiento formal a Interior –el tercero desde octubre de 2009– para que iniciara el proceso de demolición y le cediera, de forma gratuita y «sin cargas», esta parcela de espacios libres, tal y como está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001.
De acuerdo a este requerimiento, aprobado en pleno municipal, la entidad local daba un plazo de un mes a Interior para iniciar el proceso, ya que si «hacía caso omiso» iniciaría un expediente disciplinario y comenzaría la imposición de sanciones, aunque finalmente no ha sido necesario, señaló la edil, quien indicó que «su única intención era que no se olvidaran del tema».
A parte de haber conseguido la cesión de esta parcela de la parte delantera de la cárcel, la edil de Urbanismo ha iniciado el proceso para solicitar al Estado la cesión de otros 1.600 metros cuadrados de equipamientos deportivos que están contiguos a la parcela municipal que ahora será derribada y que la entidad local quiere unir.
Dado que el Gobierno central no tiene previsto en su legislación la cesión gratuita de terrenos a otras administraciones, Nieto ha optado por solicitarle un acuerdo de permuta que le permita intercambiar la parcela de la zona trasera de la cárcel y otras más que le interesan por la que el Estado le ha pedido en el barrio de la Chana –10.000 metros cuadrados –para construir un archivo documental.
El Ayuntamiento está obligado a ceder gratuitamente esta parcela al Estado, sin embargo Nieto «peleará» por llegar a acuerdos de permuta que sean más ventajosos para la entidad local.

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