GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
Los cuatro ediles de la corporación de Armilla (Granada) imputados por la supuesta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada coincidieron hoy en que votaron a favor de la concesión de la licencia de obras para su construcción al «creer» que era legal, ya que, a pesar de que el secretario informó de que no constaba informe jurídico del letrado municipal, el alcalde de la localidad, José Antonio Morales Cara (PSOE), les aseguró que tenía «el suficiente soporte jurídico» como para aprobarla.
En la tercera sesión de la vista que se celebra en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, los concejales, que se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados, apuntaron además que se aprobó dar licencia «condicionada» a las observaciones que había contemplado el arquitecto técnico municipal en un informe realizado diez días a la reunión de la Junta de Gobierno Local, que se celebró el 30 de septiembre de 2005.
Todos señalaron además que Morales Cara –también imputado– no tenía un «interés» especial por que la licencia saliera adelante «por encima de todo» y aseguraron que no recibieron «presiones» ni por su parte, ni por parte del entonces concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, que, como el primer edil, está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
La sesión comenzó hoy con la declaración del que fue concejal-delegado del área de Bienestar Social, quien sostuvo que en la reunión de la Junta de Gobierno Local el alcalde iba mostrando todos los informes que se adjuntaban al expediente asegurando que el proyecto se atenía «a la normativa vigente», entre ellos el del arquitecto técnico municipal que, en contra de lo que afirma el fiscal, no era «desfavorable», sino que contenía una serie de «observaciones» que fueron «contempladas» e incorporadas a la licencia.
«Estaba convencido de lo que se aprobaba era legal, porque así nos lo hizo el alcalde ver. Pienso honestamente que estaba dando una licencia dentro de la legalidad», apuntó el edil, que dijo además desconocer si era o no preceptivo el informe jurídico que no se adjuntó al expediente. «El alcalde dijo que tenía suficiente soporte jurídico dentro de la legalidad vigente, refiriéndose al plan parcial ya aprobado anteriormente», agregó el concejal, con sólo «nociones básicas» en temas urbanísticos.
En el mismo sentido se pronunció el entonces concejal de Economía y Hacienda, que manifestó además que el secretario, al informar de que no constaba informe jurídico, no habló de que fuera «conveniente». «Yo sabía que el Nevada era un proyecto muy importante para el pueblo y su magnitud, que llevaba casi diez años tramitándose con todas sus vicisitudes, pero lo conocía de una manera general», afirmó el edil, que asimismo recordó que el plan parcial en el que iba a levantarse ya se había aprobado «meses antes» sin que «hubiera nada en contra».
LICENCIA «CONDICIONADA»
El ex concejal de Obras y Servicios declaró por su parte que desconocía los informes desfavorables existentes a la concesión de la licencia, pero sí sabía de las «observaciones» que hizo no sólo el arquitecto municipal sino también del ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento, aunque sólo pudo precisar que se referían «al medio ambiente y a la licencia de actividad». A pesar de ello, también votó como el resto de sus compañeros a favor de la licencia de obra, pero «condicionada» a esas «observaciones».
Para la también imputada ex edil de Gobernación, esos informes con «observaciones» no contemplaban por «ningún lado» la palabra «desfavorable». Éstas se referían a la no ocupación de zona verde ni la construcción en suelo no urbanizable. «De mis cortas luces yo valoré que esas observaciones se incorporaban a la licencia con esos condicionantes. Eso es lo que a mí se me quedó», indicó. Con respecto al informe del ingeniero en el que advertía de que era necesario aportar el proyecto de actividad, la edil afirmó que el alcalde atribuyó a un «error» del técnico esa valoración, puesto que sí contaba con licencia.
Hoy también declararon dos abogados, uno externo que informó a General de Galerías Comercial del plan parcial en el que se levantaría el centro comercial, y la letrada del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Granada que redactó un documento sobre su opinión jurídica acerca del informe que había elaborado la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
El primero incidió en que recibió el encargo del arquitecto contratado por la promotora y que elaboró su informe no con la pretensión de «sustituir el proceso administrativo», como alude el fiscal en su escrito de acusación, sino simplemente para aportar su visión jurídica sobre el plan parcial, que podía, a su entender, modificar las Normas Subsidiarias de Armilla «siempre que fuera para mejorarlo».
Además, justificó que el informe se dirigiera al Ayuntamiento de Armilla como una expresión «desafortunada» ya que, aunque conocía que el documento se incorporaría al expediente municipal el encargo era de la empresa. «Yo no cobré factura obviamente del Ayuntamiento de Armilla, tenía que haber cobrado de General de Galerías Comerciales, y no lo he hecho. Aprovecho la ocasión», dijo el letrado dirigiéndose al también procesado promotor del Nevada, Tomás Olivo, que sonrió ante su petición.
CONCLUYE LA DECLARACIÓN DE LOS ONCE IMPUTADOS
La declaración de los once acusados concluyó hoy con la de la letrada de Diputación, que aseguró que el encargo para la elaboración de su informe, que era simplemente «facultativo» y no vinculante, se dirigió del Ayuntamiento de Armilla hacia la entonces diputada-delegada del Área del Servicio de Asistencia a Municipios. No tenía entonces responsabilidad directa sobre ella el que era vicepresidente de la institución provincial, Gabriel Cañavate. Sin embargo, según explicó, éste presidía el «macroárea» de Obras y Servicios, que englobaba a su vez otras tres áreas, entre ellas la del Servicio de Asistencia a Municipios.
La abogada, que lleva como funcionaria en la institución desde 1997 y que fue por esa fecha concejal socialista en Santa Fe, aseguró que no tuvo contacto alguno con el entonces alcalde armillero ni con su edil de Urbanismo, aunque era algo «normal» que los responsables municipales en general le hicieran llamadas para interesarse por los expedientes. Tampoco, según aseguró, se movió por algún «interés» particular, ni por el hecho de su anterior militancia socialista.
En la sesión de mañana está previsto que declaren los testigos que hasta ahora se perfilan como los clave en todo el proceso de tramitación: la jefa de Urbanismo del Ayuntamiento de Armilla, el letrado municipal que elaboró el informe desfavorable que el fiscal considera que Morales Cara y Cañavate hicieron «desaparecer», y el secretario del Ayuntamiento que informó de la ausencia de ese informe en la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de licencia.

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