GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión y multa de 25.200 euros para el propietario de una cafetería-croissantería de Santa Fe (Granada) acusado de generar ruido por encima de lo permitido durante al menos siete años, lo que ha provocado estrés, ansiedad e insomnio a algunos de los vecinos del inmueble en el que está situado el local.
El dueño del establecimiento, de iniciales J.A.H. y 63 años, hizo caso omiso a las peticiones del Ayuntamiento de la localidad de que cesara su actividad hasta que no regularizara su situación, puesto que además usaba aire acondicionado y aparatos de música que no estaban incluidos en la licencia municipal que le había sido otorgada en 1996.
Así, desde el año 2000 hasta el 2007 el Consistorio propuso hasta en dos ocasiones la clausura del local después de las denuncias presentadas por los vecinos si bien esa orden no llegó nunca a ejecutarse, y finalmente sólo se le impuso una sanción de 1.000 euros a pesar de que los informes de los técnicos desvelaban que los niveles acústicos transmitidos a las viviendas colindantes eran «intolerables».
Los hechos se remontan a los primeros meses del año 2000, tal y como consta en el escrito de calificación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press. Fue entonces cuando J.A.H. decidió ampliar la cafetería-croissantería «Juani» de la que es propietario, uniendo su establecimiento a otro anexo e instalando en él una cámara frigorífica y diversa maquinaria para la elaboración de productos de bollería y panadería no contempladas en la licencia.
Además sólo solicitó los permisos para la colocación de solería y alicatado del local contiguo para destinarlo a almacén «ocultando así el verdadero objeto y destino de la obra» y sin obtener tampoco autorización alguna, según el relato fiscal.
Desde un primer momento la maquinaria y la cámara frigorífica instaladas provocaron ruidos que, sumados a los del aire acondicionado y equipos de música preexistentes, causaron «graves molestias a los vecinos del edificio», lo que llevó a la comunidad de propietarios a presentar por primera vez denuncia el 30 de mayo de 2000 ante el Ayuntamiento de Santa Fe.
NIVEL «INTOLERABLE»
La corporación inició entonces un expediente sancionador, ya que un técnico desplazado a una de las viviendas afectadas detectó un nivel de inmisión ilícito de 47,92 decibelios, frente a los 36,2 de tope máximo, que fue calificado como «intolerable» en un informe de fecha 16 de junio de 2000. De acuerdo con este documento, el Ayuntamiento propuso la clausura, que fue definitivamente acordada «sin que nunca llegara a ejecutarse».
A la vista de la continuación de los ruidos, el 16 de noviembre de 2000 la comunidad de propietarios reiteró la denuncia y unos meses después, el 3 de abril de 2001 un particular también elevó su denuncia a la Consejería de Medio Ambiente por los «grandes ruidos de día y de noche» que estaba sufriendo, reiterando su queja el 3 de agosto de ese año ante la Policía Local de la localidad, y volvió a insistir ante este cuerpo policial el 13 de febrero de 2003 y ante el Ayuntamiento hasta en tres ocasiones más, en 2006 y 2007.
A raíz de la denuncia de febrero de 2003, el Ayuntamiento volvió a iniciar expediente sancionador, sin que se llegara «nunca» a efectuar la necesaria inspección del técnico municipal. En 2007 la Secretaría General del Ayuntamiento incidió en la falta de licencia de la croissantería y la pertinencia de su clausura, si bien sólo se le impuso al propietario una sanción de 1.000 euros.
No obstante, ya en julio de 2007, el mismo propietario hizo una petición por escrito para que el Ayuntamiento encargara un informe d medición acústica, que posteriormente reveló un nivel con ventana abierta y puerta cerrada de 57,9 decibelios en su domicilio, cuando el límite permitido era 43,8 y que la emisión de ruidos era igualmente superior a lo legal.
El 8 de agosto de 2007 el ingeniero técnico municipal redactó un informe en el que hizo constar que esos niveles de ruido era «muy superiores» a los permitidos, por lo que propuso el precintado de los focos emisores clandestinos de reproducción audiovisual y climatización, así como la clausura temporal del establecimiento y la suspensión de la autorización de actividad, medidas que fueron acordadas por el Consistorio el 11 de agosto de 2007.
«GRAVE PERJUICIO PARA LA SALUD DE LOS VECINOS»
La continuada exposición a esos ruidos, señala el Ministerio Público, generó durante los siete años en los que perduraron una «grave perjuicio en la salud de los vecinos», llegando a provocar en el propietario denunciante «constantes situaciones de estrés, ansiedad de insomnio», problemas de oído, y síntomas ansiosos y subdepresivos propios de un trastorno adaptativo relacionado con trastornos del sueño derivados del ruido padecido, lo que propició que haya tenido que ser tratado con ansiolíticos, antipresivos y con supervisión de un médico psiquiatra.
Además de la pena de cárcel y multa, el fiscal pide la inhabilitación del acusado para la profesión u oficio por tiempo de cuatro años por la comisión de un delito contra el derecho fundamental al medio ambiente y la calidad de vida de las personas, así como la clausura temporal del local por tiempo de dos años.
A juicio del Ministerio Público, el particular afectado por los ruidos deberá ser indemnizado por la afectación de su salud, daño moral y violación del derecho a la intimidad y disfrute de su domicilio en la cantidad de 10.000 euros, que afrontará su aseguradora.
Los hechos serán enjuiciados el próximo 19 de abril en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

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