ARMILLA (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Armilla (Granada) ve «totalmente viable» la apertura del Centro Comercial Nevada, cuya supuesta tramitación irregular se va a enjuiciar a partir del próximo 20 de abril, y, por ello, está en conversaciones tanto con el promotor de la construcción, Tomás Olivo, como con la Junta de Andalucía.
Así lo señaló a Europa Press el alcalde del municipio, Gerardo Sánchez (PSOE), quien recordó que el equipo de gobierno municipal ya acordó en pleno extraordinario, el 30 de octubre de 2008, instar a las administraciones implicadas a adoptar las medidas necesarias para la puesta en marcha del centro comercial, iniciativa que posteriormente se vio avalada, a entender del regidor, por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso 1 de Granada, que pedía la revisión de oficio de la licencia municipal otorgada, «abriendo así nuevas posibilidades» para el desbloqueo del proyecto.
«El Ayuntamiento lo que persigue es buscarle una solución al Nevada para ponerlo en funcionamiento por lo que significa de creación de puestos de trabajo, y por eso estamos trabajando en encontrar una línea de consenso tanto con la Junta como con el promotor, y esto es una máxima prioridad», aseguró el alcalde.
Sánchez vio «muy difícil» alcanzar un acuerdo antes de que comience el juicio previsto en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada dentro de unos días, «porque es ya inminente», y afirmó que en el momento en que éste sea definitivo «se hará público». «Yo siempre he mantenido que estábamos buscando una solución a un problema, y que queremos hacerlo cuanto antes. No sé cuando será, ojalá cuanto antes. Si fuera mañana yo sería el más feliz del mundo», indicó.
Sobre las críticas del PP acerca del «oscurantismo» con que se están llevando por parte del Ayuntamiento las negociaciones, Sánchez precisó que son totalmente transparentes, ya que las reuniones periódicas con el promotor se están haciendo en el Ayuntamiento y las conversaciones con la Junta son en la propia sede de la Administración Autonómica.
Acerca de las afirmaciones del PP sobre el contenido de las negociaciones, que según los «populares» pasarían por el cambio de uso de una planta completa de aparcamiento, que incluiría unos 600 estacionamientos públicos, para zona comercial, el alcalde dijo querer no pronunciarse y le resultó «muy curioso» que haya hecho pública esa información, que desconoce «de dónde la habrán sacado». «No tenemos nada que decir sobre esa cuestión», añadió.
VISIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Sobre este asunto también se pronunció el delegado del gobierno andaluz en Granada, Jesús Huertas, quien, en declaraciones a Europa Press, quien quiso dejar clara la diferencia entre el ámbito de la jurisdicción contenciosa y la penal e incidió en que la sentencia ya dictada en abril de 2009 «abrió un nuevo espacio» para negociar el desbloqueo del Nevada.
Así, coincidió con Sánchez en que el centro comercial «supone un motor de desarrollo y empleo muy importante para el área metropolitana y la provincia de Granada» y por ello la Administración Autonómica ve con buenos ojos que el Ayuntamiento de Armilla intente llegar a un acuerdo con el promotor, si bien dijo desconocer el contenido de las conversaciones mantenidas.
Huertas no comparte en ese sentido las críticas del PP, al que recordó que el Juzgado de lo Contencioso fue el que ordenó la revisión de la licencia y que por tanto son los tribunales «los que tienen la última palabra». De esa manera, señaló, las negociaciones que se produzcan se enmarcarán «en la más estricta legalidad», tal y como lo está haciendo el alcalde de Armilla, a su entender.
ONCE IMPUTADOS EN LA CAUSA PENAL
En el conocido como «Caso Nevada» están imputadas un total de once personas, entre ellas el que fuera alcalde de la localidad José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de la Diputación Gabriel Cañavate, y el promotor de la construcción, Tomás Olivo, que serán enjuiciados en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada durante 19 días, desde el 20 de abril hasta el 27 de mayo.
La Fiscalía solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando a Morales Cara y a Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, por los que pide penas de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción –también imputado en el «Caso Malaya»– lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
El PP, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.

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