GRANADA, 05 (EUROPA PRESS)
El PP de Granada acusó hoy a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y al Ayuntamiento de Armilla de estar negociando «a escondidas» una salida al Centro Comercial Nevada a quince días de que comience el macrojuicio que sentará en el banquillo a once imputados por su supuesta tramitación irregular, entre otros, al ex alcalde armillero, José Antonio Morales Cara, al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, y al promotor, Tomás Olivo.
El vicepresidente ejecutivo del PP granadino, Antonio Ayllón, señaló hoy en rueda de prensa que esa supuesta negociación que se está haciendo «en secreto» tendría como objetivo «desinflar» el juicio que se desarrollará en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada durante 19 días, desde el 20 de abril hasta el 27 de mayo.
Según explicó Ayllón, las negociaciones se producen a consecuencia de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada, de fecha 23 de abril de 2009, que obligaba a la revisión de la licencia concedida por el Ayuntamiento, pero el hecho de que no se espere a que concluya el juicio es, a su entender, muestra de que «se intenta demostrar que todo tiene arreglo, cuando nosotros entendemos que hay unos responsables que tienen que responder penalmente».
El acuerdo incluiría, según los «populares», el cambio de uso de una planta completa de aparcamiento, que incluiría unos 600 estacionamientos públicos, para zona comercial, lo que conllevaría una «plusvalía muy alta» para el promotor de la construcción, en detrimento de los intereses de los ciudadanos del municipio.
El también candidato del PP a la Alcaldía de Armilla censuró además que uno de los interlocutores en la negociaciones sea el alcalde de la localidad, el socialista Gerardo Sánchez, que a juicio de Ayllón, debería también sentarse en el banquillo, puesto que en el momento en el que se produjo la tramitación supuestamente irregular era delegado de Medio Ambiente.
El PP no está en contra de que el Nevada se abra y constituya un motor de desarrollo y de creación de empleo en el área metropolitana, pero «ajustándose a la legalidad», puesto que invadió zonas verdes, parte de un vial e incluso la zona por la que estaba previsto que pasara el metro.

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