GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)
Juan Enrique Tena, un enfermero madrileño que pensó disfrutar la Semana Santa granadina durante sus vacaciones, fue encarcelado al ser confundido por un delincuente el Jueves Santo de hace ya un año, un periodo en el que, a pesar de haber reclamado al Gobierno 50.000 euros por los daños morales ocasionados, no ha obtenido indemnización alguna.
Según explicó a Europa Press su abogada, María José López, si la administración no da respuesta a su petición, su intención es presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio del Interior, supuestamente responsable de su detención errónea, que mantuvo a Tena durante cinco días en la prisión de Albolote (Granada).
La actuación de los jueces granadinos en este caso también ha sido investigada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recientemente ha determinado que no corresponde imponer ninguna medida disciplinaria al respecto, mientras que la Audiencia Nacional, que fue la que emitió la requisitoria para la detención, ya ha anunciado a la letrada, que se ha dirigido a ésta con numerosos escritos, que estudiará lo ocurrido.
El objetivo de la representación legal de Tena no es sólo resarcir económicamente el perjuicio ocasionado, sino lograr que el sistema no vuelva a permitir que se repitan acontecimientos como los padecidos por el enfermero. Para López, las responsabilidades que se exigen al departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba no son por un «error» cometido sino porque el sistema «está errado» y que llega «a su extremo más alarmante» cuando se nutre de identidades de personas que no tienen causas pendientes penales ni judiciales, como ocurrió en el caso de Tena, cuyo nombre fue introducido a raíz de un accidente de tráfico que tuvo en fecha de 1 de julio de 2007.
De hecho, la situación se produjo debido a la «absoluta falta de medios técnicos, que ponen al descubierto una precariedad en un trabajo de esencial relevancia para la seguridad nacional, y para la protección de bienes y derechos personales». «El sistema en sí tal y como está configurado es terrorífico. Cualquier ciudadano puede ser objeto del calvario sufrido por mi mandante en cualquier momento», señala la letrada en la reclamación presentada ante Interior el pasado mes de septiembre.
Asimismo, según considera la abogada, en este caso queda demostrado una relación inequívoca de causa a efecto «entre el anormal funcionamiento del servicio y el perjuicio causado». Para la parte reclamante, y según constató el Juzgado de instrucción 3 de Granada, el sistema de requisitorias «es una auténtica calamidad», «sin ningún tipo de control de errores, verificación o sistema que evite que, por error, que cualquier ciudadano pueda ser confundido con peligrosos delincuentes».
SE VIERON AFECTADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES
Como consecuencia de ese «anormal» funcionamiento de, en este caso, competencia del Ministerio del Interior, como administración pública a la que se reclama, se han visto afectados, para la letrada, una serie de derechos fundamentales, como el derecho al honor, privación de libertad, uso indebido de datos personales con graves consecuencias y gravísimo daño a la propia imagen, así como un grave daño moral al entorno de la persona afectada.
El enfermero tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico y sufrió las consecuencias de un estado «claro» de ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación, y temor, teniendo en cuenta que se trata de una persona sin ningún tipo de antecedente judicial, ni incidente con la Policía. «Todo esto le ha hecho que tenga una grave consecuencia. Que conllevó la baja laboral durante más de dos meses», se incide.
El Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que investigaba el caso, archivó las diligencias abiertas, al entender que no existieron en los hechos indicios de la comisión de un delito tipificado en el Código Penal, si bien dejó la puerta abierta a una reclamación por vía administrativa. También la Fiscalía Superior de Andalucía investigó si los dos fiscales que llevaron el caso incurrieron en algún tipo de negligencia, determinando que no hubo error alguno en su modo de proceder.
Juan Enrique Tena fue detenido en Jueves Santo, el pasado 9 de abril de 2009, por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en un hotel de la capital granadina al ser confundido con un delincuente que estaba en busca y captura, con el que sólo coincidía en el primer apellido. Aunque él insistió en su inocencia, los agentes lo condujeron a la cárcel, puesto que sus datos personales se correspondían con los que constaban en la requisitoria, enviada por la Audiencia Nacional.
Un cúmulo de coincidencias derivaron en que permaneciera en prisión, puesto que el juzgado se pone en contacto habitualmente, aunque no sea su obligación, con el órgano judicial que ha emitido la orden para comprobar por teléfono los datos de la persona que debe ingresar en el centro penitenciario. Sin embargo, este trámite no se llevó a cabo aquel día porque era festivo –Jueves Santo– y no había nadie en la Audiencia Nacional para la verificación, que tuvo que retrasarse hasta el lunes, día en que quedó en libertad.
El Ayuntamiento de Granada, por otra parte, decidió resarcir al turista y lo agasajó invitándolo de nuevo a la capital para las fiestas del Corpus, en las que fue nombrado «embajador» de la ciudad, pudo disfrutar de noches gratis en el Hotel Alhambra Palace, fue invitado a comer e incluso a visitar las termas árabes.

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