Los peritos certifican que el Ayuntamiento vulneró la LOUA al redactar los estudios de detalle que se aplicaron para la construcción de la urbanización
GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)
El ex alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, está de nuevo a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados como imputado en el «caso Ilíberis», por el que se investiga la supuesta tramitación irregular del proyecto para la edificación de la urbanización Ronda Lindaraja y la construcción de un colegio en el interior del patio de un instituto de la localidad.
En una providencia de fecha 19 de marzo de 2010, a la que tuvo acceso Europa Press, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada da un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la transformación de diligencias en procedimiento abreviado o interesen la práctica de más pruebas para la instrucción o el sobreseimiento del caso, una vez que la magistrada ha analizado toda la información al respecto, que no sólo implica supuestamente al ex regidor, sino también al arquitecto municipal atarfeño.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia interpuesta por IU, Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega y Adobe Arquitectura, que sostienen que el Ayuntamiento «pactó» con un promotor la venta de unos terrenos de suelo equipamental para levantar una urbanización que, gracias a dos estudios de detalle aprobados por el Consistorio, le permitía a éste construir más de lo fijado en las Normas Subsidiarias de Atarfe, doblando la edificabilidad de las parcelas y aumentando la densidad de viviendas por hectárea, superando el máximo de lo permitido por la Ley.
De esa manera, señalan los denunciantes, el promotor se quedó con suelo público sin ceder el 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos al Ayuntamiento. Además la «privatización» del suelo equipamental conllevó otra «grave irregularidad», ya que se construyó un colegio dentro del patio de un instituto, de manera que se han sustraído al segundo espacios deportivos, empeorando sus instalaciones e impidiéndole futuras ampliaciones.
Según consta en la denuncia de IU, a la que tuvo acceso Europa Press, los dos estudios de detalle aprobados para la construcción de la urbanización ubicada en la UER-10 permitieron la construcción de un 20 por ciento más en número de viviendas y un exceso de edificabilidad de más de 12.700 metros cuadrados, y no contemplaban los espacios libres preceptivos –de hecho ni siquiera llegaban en su conjunto ni al 50 por ciento mínimo exigido–, con lo que se vulneró la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
Con respecto a la construcción del colegio dentro de un instituto, los denunciantes afirman que el IES Ilíberis, que fue uno de los primeros que hubo en los municipios de la Vega Norte, ha visto mermadas sus instalaciones, ya que ha desaparecido la casa del conserje y parte de los espacios libres «dificultando su ampliación». Asimismo, desde el primer día de su apertura el colegio ha demostrado su «incapacidad» para cubrir las necesidades de la zona.
Existen cercanas tres urbanizaciones con un total de 1.341 viviendas y no se ha proyectado ningún centro docente en ellas, pese a que está establecido por ley que por cada vivienda construida corresponde 10 metros cuadrados de suelo para centros docentes, así, «debía haber en la zona 13.410 metros cuadrados de suelo disponible para construir uno o dos colegios y no están», de manera que «cuando todas estas viviendas estén habitadas el déficit de plazas docentes en Atarfe se convertirá en un grave problema social».
Para la instrucción del caso se han redactado varios informes periciales: el primero de ellos no detectó irregularidad alguna; otro de la Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía señala que con los convenios firmados el pueblo ha perdido 6.699 metros de suelo público que se ha quedado el promotor; y un tercero, de un perito judicial, de febrero de este año, que igualmente incide en que se incumplieron con las modificaciones incluidas en los estudios de detalle de la urbanización las normas subsidiarias y la LOUA.

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