GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Granada ha estimado el recurso de apelación interpuesto del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) contra el auto que convertía en procedimiento abreviado las abiertas por una querella interpuesta por el Centro de Inversiones Granada S.L. (Ceingra) tras la orden municipal de suspender el comienzo de unas obras.
El recurso de apelación contra la resolución del Juzgado d Instrucción 2 de Almuñécar, de fecha 15 de enero de 2009, se interpuso por el Consistorio en junio de 2009, al considerar que no contenía «la determinación de los hechos punibles», y que la materia discutida «es objeto de procesos contencioso-administrativos y por tal motivo no puede analizarse por el Ordenamiento Jurídico Penal, amén de la inexistencia de indicio alguno achacable a los imputados».
Ahora, la Audiencia Provincial de Granada ha estimado este recurso de apelación en nombre los entonces concejales y del alcalde, Juan Carlos Beanvides (CA), declarando nulo el auto de 15 de enero de 2009 de la anterior jueza, informó el Ayuntamiento de Almuñécar en una nota.
Las diligencias se remontan a la querella interpuesta por Ceingra S.L., motivada por la decisión de la Junta de Gobierno Local de 21 de enero de 2004 de ordenar la suspensión de las obras iniciadas por la promotora denunciante, «al considerar que no se ha acreditado por la empresa el cumplimiento exacto de los condicionantes de la licencia con carácter previo al inicio de las citadas obras».
Ante la existencia de informe jurídico de la asesoría municipal externa, el equipo de gobierno decidió proceder a la suspensión de las obras iniciando el procedimiento de declaración de lesividad, decisión atacada penalmente por la querella de Centro de Inversiones Granada S.L.
La decisión de la Audiencia Provincial ha sido valorada de forma «muy positiva» por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar, ya que a su juicio demuestra «que muchas de las actuaciones judiciales aceptadas y emprendidas por la que fuera jueza sustituta, Marta Cortés, «carecen de fundamento y no se ajustaban a derecho».

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