Estudia la posibilidad de que sea gestionada por otra empresa privada o por el Consorcio Provincial de Residuos
GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, se ha reunido con los agricultores de la costa, el sector de las cooperativas y los representantes de los ayuntamientos de la zona para abordar la problemática surgida a raíz del cierre de la Planta de Tratamiento de Residuos Vegetales de Motril y se ha comprometido a abrirla «en cuanto se resuelvan todos los problemas técnicos».
Martínez Caler aseguró que la institución provincial es consciente de que existe «un problema grave» con los residuos de la agricultura en la costa, si bien explicó que aún no puede abrir «por responsabilidad».
Les recordó que en 2004 él asumió personalmente el compromiso de construir esta instalación para ayudar a resolver el problema de los vertidos derivados de la agricultura en la costa. Después de una inversión de diez millones de euros y tras tres años funcionando en pruebas y tratando 18.000 toneladas de residuos, han surgido deficiencias que han obligado a cerrarla.
Para Caler es «injusto» que la Diputación haya sido la única administración que ha intentado ayudar al sector agrícola de la costa y «al final se le regañe y sea duramente criticada por el PP».
«Yo adquirí un compromiso con los agricultores de la costa en 2004 y lo mantengo, por eso vengo a dar la cara y explicar lo que pasa», dijo Caler. Explicó que elementos como la falta de cobertura de las balsas de lixiviados junto a los residuos que reúne también el agua de lluvia hacen que se supere frecuentemente el nivel legal de llenado exigido –el 80 por ciento– mientras que los costes de tratamiento de los residuos han hecho imposible la adjudicación en condiciones garantizadas para los agricultores.
Así, la diputada de Medio Ambiente, Pilar Peramos, ha solicitado la implicación de cooperativas, alhondiguistas y municipios de la costa para tomar decisiones que palien el problema de vertidos mientras se resuelven los problemas existentes.
Indicó que en estos tres años de pruebas en la planta se han detectado dificultades que «hemos intentado resolver y hemos llegado hasta aquí forzando hasta el límite, tenemos incluso denuncias medioambientales y no ha quedado más remedio que cerrar la planta».
Así las cosas, se perfilan dos salidas para la gestión de la planta, una es que las condiciones de explotación que ya había arbitradas las asuma otra empresa que sí ofrezca garantías o, si eso no pudiera ocurrir, la gestión la asumiría el Consorcio Provincial de Residuos, aunque «cualquiera de los dos caminos precisa de un margen suficiente para los trámites administrativos».
Los agricultores mostraron su inquietud por las alternativas que pueden tener para depositar los residuos vegetales el tiempo que pueda transcurrir antes de que la Planta vuelva a funcionar, representantes municipales de ayuntamientos como Motril y Salobreña se comprometieron a aportar su ayuda en este sentido.

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