Duda de la eficacia del «derribo exprés», que «deberá garantizar los derechos de todos los afectados»
GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Granada aseguró hoy que los solares de la Azulejera que el Estado ha ofrecido a la Junta de Andalucía para completar el pago de la «deuda histórica» «no valen nada», ya que tienen una carga económica de 1,8 millones de euros, aunque sí vio con buenos ojos la posibilidad de que se sumen nuevos terrenos situados en los Mondragones, dada su buena ubicación.
Estas declaraciones fueron efectuadas hoy por la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), tras conocer que el Gobierno ha ofrecido un paquete adicional de terrenos para liquidar los 748 millones de euros que restan del conjunto de la deuda histórica, cuantificada en 1.204 millones de euros.
Nieto dijo no tener constancia oficial de que el Ministerio de Economía y Hacienda haya ofrecido nuevos solares en la zona de Los Mondragones, destinada a la construcción de vivienda libre, sin embargo advirtió de que, aunque así fuera, «el problema no desaparecerá», puesto que la Junta seguirá recibiendo tres solares en la Azulejera que tienen «grandes cargas».
En este sentido, precisó que el Gobierno debe 1,8 millones de euros por la urbanización que se está haciendo de estos terrenos, que suman 4.351 metros cuadrados, y que «no paga desde 2008».
«Si –el Gobierno– transmite a la Junta unos solares que llevan una deuda de millones le está transmitiendo un problema porque lo que necesita es liquidez y no unos terrenos que no valen nada», insistió la edil, que prefirió no profundizar en el posible valor del suelo de los Mondragones hasta que no se confirme la operación.
«DERRIBO EXPRÉS»
Por otra parte, Nieto se mostró escéptica respecto a la eficacia del reglamento de disciplina urbanística que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta y que facultará a los consistorios para emprender un procedimiento de demolición de construcciones ilegales en el plazo de un mes.
A preguntas de los periodistas, la edil recordó que en este tipo de procesos los dueños de las edificaciones tienen derecho a recurrir y se preguntó «hasta qué punto» deberán las entidades locales indemnizar a los dueños del inmueble si la orden de derribo se ejecuta con mucha celeridad y posteriormente los tribunales dictan una sentencia que la anule.
Así, opinó que esta norma deberá ser debatida antes de llevarse a la práctica, pues, advirtió, «tendrán que garantizarse los derechos de todos los implicados».
Esta reglamento, presentado ayer por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, persigue por un lado la prevención a través del control de licencias y del incremento de garantías, además de proteger la legalidad a través de los planes de inspección municipal y de incorporar el procedimiento de restablecimiento de la realidad física alterada y la revisión del procedimiento sancionador.

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