MOTRIL (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)
El juicio previsto hoy en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada) contra el ex secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Emilio Rodríguez ha sido suspendido a petición de la Abogacía del Estado, que ha requerido la documentación de la causa para personarse como acusación, por lo que el proceso debería reiniciarse, declarándose la nulidad parcial del actual, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Así, el Juzgado deberá ahora pronunciarse al respecto y, de dar el visto bueno a la Abogacía del Estado, las nuevas diligencias que se practicaran retrasarían el señalamiento de la vista oral, que hoy iba a sentar en el banquillo a Rodríguez por la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, otro continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y estafa al haberse quedado supuestamente con las subvenciones de las administraciones públicas concedidas a la organización que dirigía para sus gastos particulares y los de su esposa.
La Fiscalía de Granada pide una pena de seis años y un mes de prisión y multa de 500.000 euros para Rodríguez, que ha desempeñado el cargo de secretario provincial de COAG desde 1994 y hasta el pasado año 2008, en que dimitió «por motivos personales».
Además, el Ministerio Público acusa también a la que fuera su secretaria, de iniciales M.D.F.G., que se enfrenta a un total de cuatro años y medio de cárcel y la misma multa que el anterior, y a un empresario, identificado como A.M.G.N., por «inventarse facturas» de adquisiciones no producidas de material didáctico para la aparente realización de cursos formativos, para el que se solicita dos años de prisión y multa de 18.000 euros.
Según consta en el escrito de acusación fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, Rodríguez obtuvo en la gestión de las subvenciones concedidas por las administraciones para la realización de actividades (como cursos de formación, programas o proyectos) un beneficio de hasta más de 80.000 euros, que empleó, entre otras cosas, para el seguro y reparaciones de su vehículo, multas de tráfico, pagos de sus seguros de vida y salud, su seguro agrícola y el de su esposa, su aparato de aire acondicionado o para incrementar su sueldo, con 14 pagas de 2.225 euros cada una, cantidades que el inculpado «no declaraba a la Agencia Tributaria».
Así, durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005 Rodríguez, de 61 años, y su secretaria, «con la finalidad de eludir de manera satisfactoria los controles establecidos» para la concesión las subvenciones, tanto para lograr sus concesión inicial como para superar la obligatoria justificación posterior, llegaron a presentar documentos diversos (nóminas de trabajadores, profesores, dietas, facturas) ante las administraciones públicas en los que simularon «mendazmente» la cantidad abonada haciendo que figurasen importes más elevados con los que poder justificar y cuadrar las cifras de inversión con las subvenciones, según el relato fiscal.
COBRABAN EL ALQUILER A INMIGRANTES CUANDO ESTABA SUBVENCIONADO
Asimismo, simularon también la realización de cursos que no se habían impartido, justificándolos ante las administraciones con un listado de asistentes «ficticios» y facturas «igualmente simuladas», algunas con la «connivencia» del empresario A.M.G.N. Otra de las conductas de los inculpados consistía en la exigencia a terceros de cantidades que no debían pagar, como por la realización de gestiones a los afiliados a COAG, «apovechándose de la ignorancia del pagador», que desconocía la gratuidad de las mismas, o por el alquiler de pisos a inmigrantes «cuando en realidad obtenían subvenciones para que fuera gratuito».
Para esto último, justificaban la ocupación de los pisos mediante la aportación de datos de identidad de ciudadanos extranjeros que acudían a las oficinas de COAG para otro tipo de gestiones «simulando burdamente sus firmas». Además, uno de esos pisos era del propio hijo de Emilio Rodríguez.
Tal «cúmulo de actuaciones», según incide el Ministerio Público, no contaban con el correcto reflejo contable al que por ley estaba obligada COAG, «dando lugar a una oculta o doble contabilidad». Por ello, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen «conjunta y solidariamente» a la Hacienda Pública en la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia, con la responsabilidad civil subsidiaria de COAG Granada y COAG Andalucía.

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