GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acoge mañana el juicio contra un hombre, de iniciales E.M.M., acusado de intentar matar a tiros a su hijo de 22 años y a la suegra de éste, contra los que disparó después de haber ingerido previamente bebidas alcohólicas, hechos por los que se enfrenta a una pena de 11 años de prisión.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, fue en la madrugada del 9 de julio de 2008, sobre las 5,40 horas, cuando el inculpado, de 46 años, dijo a su pareja sentimental, con la que se enfrentó por una discusión que había mantenido días atrás con el hijo de ambos, que iba a matar al joven.
Entonces, y con sus facultades «levemente disminuidas» por la ingesta de alcohol, cogió una escopeta, para cuyo uso tenía licencia, y se dirigió a la casa de su hijo, situada en la calle Merced Alta de la capital granadina.
El muchacho había sido alertado previamente por su madre y, tras divisar a su padre llegando con su vehículo, se escondió junto a la secadora que se encontraba en el lavadero de la cocina, donde impactó el primer disparo efectuado por el inculpado «con la finalidad de acabar con su vida» puesto que lo dirigió a la altura de su cabeza. El proyectil no llegó a alcanzar al joven, aunque le cayeron cristales de la ventana y dos perdigones sin lesionarle.
Posteriormente, E.M.M. hizo un segundo disparo hacia el dormitorio de la suegra de su hijo, que vive en un piso contiguo y que en ese momento se encontraba dormida. Intentó acabar con su vida gritándole a la vez «Antoñita, te tengo que matar», si bien tampoco llegó a herirla, aunque sí causó daños en la vivienda por un valor de 115 euros.
El Ministerio Público le acusa de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, concurriendo en los dos la atenuante analógica y en uno de ellos, el cometido contra su hijo, la agravante de parentesco. Por ellos, además de la pena de cárcel, el fiscal solicita para el acusado la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el tiempo de la condena y la prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas durante cinco años.

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