GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Granada ha vuelto a denunciar al ya ex alcalde de Atarfe (Granada) Víctor Sánchez y también al que fuera teniente de alcalde, Antonio Ibáñez Gómez, al secretario del Ayuntamiento, y al entonces gerente de la empresa municipal Proyecto Atarfe, por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria, otro de prevaricación específica y otro contra la ordenación del territorio en la venta supuestamente irregular de una parcela patrimonio municipal de suelo. El Ministerio Público recoge además el informe realizado por el Seprona, que concluye que en la localidad existe una «trama» para eludir el control de Junta de Andalucía y Consejo Consultivo, término que se incluye por primera vez en un decreto fiscal sobre Atarfe.
La investigación de la Fiscalía se abrió a raíz de una denuncia que presentó el PP, que señaló en su escrito que la posible «ilicitud» de la enajenación de las fincas se produjo cuando la empresa Proyecto Atarfe «reservó» unos terrenos a un particular al que luego se los adjudicó «de forma irregular». En las cláusulas del documento de reserva se establecía que el objeto del contrato era una finca perteneciente al Sector Industrial 9.2 cuyo precio se fijó en 59.500 euros, si bien posteriormente, el 7 de junio de 2000 los denunciados «pactan» que sean cedidas las parcelas en el Sector Residencial 2A.
El Seprona de la Guardia Civil elaboró entonces un informe en el que recogió que en las parcelas en cuestión, en las que se localiza unas 63 viviendas, una guardería, y una finca más de 1.748 metros cuadrados sin construir a fecha 13 de octubre de 2009. Además, los agentes aluden a la posible nulidad del plan parcial del sector, y otros trámites que podrían estar «viciados de nulidad», como el estudio detalle que, mediante resoluciones del entonces alcalde, consiguió «espectaculares incrementos de la edificabilidad», según el PP, en este caso, de 4.833 metros a 12.321.
Según el Seprona, en principio se ha respetado la LOUA en el SR-2A, ya que el suelo, patrimonio municipal, se ha destinado a la construcción de VPO «si bien existen indicios de que podría haberse utilizado esto como cobertura de una promoción de viviendas que realmente son libres en cuanto al precio final y condiciones impuestas a los adquirientes», por lo que se afirma que se ha «beneficiado» al promotor del «bajo coste del suelo».
«VULNERACIONES QUE SE REPITEN DE MANERA SISTEMÁTICA»
Así, la fuerza instructora concluye que «existen vulneraciones de la normativa urbanística que vienen repitiéndose de modo sistemático en el municipio de Atarfe, existiendo una trama para eludir el control de la Junta de Andalucía o del Consejo Consultivo para conseguir lo que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) no permite, tal y como recoge la fiscal en su decreto de denuncia, al que tuvo acceso Europa Press.
Por todo lo anterior, el Ministerio Público considera que de los hechos podría desprenderse la posible comisión de delitos de prevaricación relacionados con la ordenación del subsector SR-2A, puesto que la situación de origen «podría haber sido ilícitamente alterada en beneficio de los particulares relacionados con el proceso de urbanización y promoción».
Además, también podría concurrir en los denunciados prevaricación por elusión de trámites esenciales en la utilización del estudio detalle para «incrementar el aprovechamiento urbanístico» y «como instrumento idóneo para la defraudación de los procedimientos y garantías de innovación en los planes urbanísticos». Pero, alerta la fiscal, el estudio detalle tiene además «un contenido que supone una flagrante vulneración de parámetros urbanísticos esenciales, en detrimento de los usos dotacionales públicos y en beneficio exclusivo del aprovechamiento lucrativo del espacio mediante la edificación». «Estamos ante una clara manifestación de urbanismo descontrolado y privatizado», señala.
En ese sentido, acuerda denunciar al ex alcalde, al ex teniente de alcalde, al secretario municipal y al hoy director económico de Proyecto Atarfe y entonces gerente por los delitos mencionados, si bien la Fiscalía precisa que si se acreditara que la enajenación de la parcela se ha realizado por un precio ilícito podría sumarse un delito de malversación, a lo que se añadiría otro de posible cohecho o negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por lo que pide que se investigue en vía judicial el aumento del aprovechamiento urbanístico «en beneficio de determinadas entidades».
VALORACIÓN DEL PP
La nueva resolución de la Fiscalía, dada hoy a conocer por el PP, es para el portavoz de los «populares» en el municipio, José Manuel Aranda, una muestra más del urbanismo «salvaje» ejercido por el equipo de gobierno que lideraba Sánchez, pero del que no está «impune» ni «limpio» el actual regidor, Tomás Ruiz Maeso, que votó a favor, siendo concejal de Cultura, en muchos de los asuntos investigados por la Fiscalía y ya en los tribunales.
En rueda de prensa, Aranda y su compañera de partido en el Ayuntamiento, la concejal Mª Carmen Osuna, volvieron a pedir la dimisión o el cese del director económico de la empresa Proyecto Atarfe, imputado en al menos dos causas abiertas por el Ministerio Público. Además, Osuna señaló que el particular al que le fueron adjudicados los terrenos investigados es «afín al PSOE», ya que llegó a figuras en las listas electorales del PSOE.
Por su parte, el diputado provincial del PP Antonio Granados instó a la dirección socialista en Granada a pronunciarse al respecto y, para ello, delante de los periodistas, mostró cómo introducía los dos últimos decretos de la Fiscalía en un sobre de MRW que mandará hoy mismo a la sede provincial socialista. «Francisco Álvarez de la Chica y Juan Manuel Fernández sobran, porque son los artífices de que esta provincia se hunda», dijo.

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