La Fiscalía mantiene su petición para el regidor de 15 meses de prisión, solicitud que la acusación particular eleva a 30 meses de cárcel por posibles coacciones
MOTRIL (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Molvízar (Granada), Fermín García (PP), afirmó hoy que «jamás» ha intentado influir en el voto de los trabajadores municipales ante el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Motril, que hoy lo ha enjuiciado junto al encargado de Mantenimiento en el Ayuntamiento por las supuestas coacciones al empleado Carlos Jiménez para que votase al PP en las elecciones locales de mayo de 2007.
La Fiscalía pide 15 meses de prisión por un delito de coacciones para el regidor y el encargado, de iniciales F.G.A., solicitud que la acusación particular eleva a 30 meses de cárcel. Según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, ambos «urdieron de común acuerdo» un plan consistente en «forzar la voluntad de determinados trabajadores del Ayuntamiento en el afán de conseguir el mayor respaldo electoral de cara a la reelección».
El alcalde de Molvízar declaró que Jiménez trabajó de forma «casi initerrumpida» durante ocho años en el Consistorio, mientras que F.A.G llevaba empleado desde finales de 2006. García justificó el despido de cinco trabajadores eventuales antes de las elecciones «para no hipotecar a la corporación siguiente con gastos de personal» algo frecuente en anteriores comicios.
El regidor sostuvo que la plantilla del Ayuntamiento está compuesta por unos quince empleados, la mayoría eventuales «ya que se contratan mediante subvenciones» para no cargar el capítulo de gastos de personal. García manifestó que en quince años de alcalde sólo ha salido una plaza fija que ocupa el responsable de Mantenimiento.
El despido de los cinco empleados eventuales, según García, fue «una estrategia política» para favorecer la rotación laboral. El alcalde reconoció que el Consistorio también rescinde los contratos del servicio de limpieza de Colegios al acabar el curso, o del técnico de las escuelas deportivas municipales cuando acaba la temporada.
Fermín García explicó que el asunto es una «trama política» en la que cayó de buena fe Jiménez. F.A.G aparecía en las listas del PP a la corporación municipal en 2003, aunque García Puentedura manifestó que «iba de relleno como se suele decir» al aparecer en la undécima plaza. La corporación municipal molviceña está formada por once concejales.
El regidor manifestó que tras conocer las declaraciones difundidas en la SER citó a los dos implicados, F.A.G y Jiménez en el despacho de la Alcaldía para aclarar el asunto pero sólo compareció el ahora acusado ya que «Jiménez se encontraba indispuesto».
Jiménez declaró hoy que F.A.G. lo llamó el 10 de mayo de 2007 para decirle qué tenían que votar porque la abstención entre los empleados municipales en las elecciones locales era muy alta. Él pensaba que era una llamada de trabajo ya que lo citó en dependencias municipales. Allí F.A.G le dijo a Jiménez que «si quieres seguir trabajando tienes que votar por correo, tu, tu mujer y tu hijo». Después el empleado llamó a Jiménez para decirle que la orden quedaba entre el alcalde, el empleado y el ahora denunciante.
El dia 15 de mayo, durante el trabajo, recibió otra llamada de F.A.G que grabó con una reproductor MP3 «para cubrirme las espaldas» en previsión de represalias. Jiménez llevó esa grabación a Radio Motril Cadena Ser para la difusión de lo que estaba ocurriendo en Molvízar «y para que no le pasara a nadie» según Jiménez.
El empleado fue despedido el mismo día 15 y la grabación se hizo pública en un medio de comunicación el 18 de mayo. Asimismo, Jiménez manifestó a las preguntas de su letrada que F.A.G le pidió el DNI original de su hijo, de su mujer y suyo propio para «cumplimentar la solicitud del voto por correo». El trabajador municipal quedó con el denunciante en la oficina de Correos de Motril donde le entregaría los sobres «para asegurar que no cambiaba el voto».
El Juzgado de lo Social de Motril reconoció el despido de Jiménez como improcedente condenando al ayuntamiento a la readmisión o la indemnización. Jiménez recibió una compensación económica de 15.000 euros.
F.A.G negó los hechos entre el tribunal. El acusado sostuvo que la conversación grabada es sobre el trabajo y ante el Ministerio Público reconoció que no entiende lo que dice la grabación aunque sostuvo que si era su voz. El acusado defendió que en la conversación no había «ningún trasfondo político» y que no le exigió nada a nadie.
Se da la circunstancia de que Jiménez era cuñado de una persona que aparecía en las listas del PSOE, mientras que F.A.G tenía en las listas del PP a otro hermano político.
Jiménez destacó que no ha tenido «ningún beneficio con este asunto ya que no encuentra trabajo y la tensión ha arruindo su vida hasta llegar al divorcio». El denunciante manifestó que realizó la grabación para tener una prueba porque intuía que lo iban a despedir por negarse a votar por correo. En cuanto a la difusión por una emisora de radio, Jiménez declaró la llevó personalmente a esa emisora porque era la que escuchaba «y la que conocía».
Además manifestó que no tiene ninguna afinidad política aunque en el juicio F.A.G lo acusó que gestionar la barra del PSOE durante las fiestas patronales de Molvízar y estar realizando obras en la sede de esa misma formación política. Jiménez respondió que ha realizado obras en la sede del PSOE igual que antes trabajó en la reforma de la sede del PP.
La defensa de F.A.G sostuvo en el juicio de hoy que Jiménez si se sintió perseguido o amenazado tendría que haber acudido a la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Justicia con la grabación «en lugar de haber ido a una emisora de radio». Jiménez declaró que no hizo la denuncia pública con fines políticos «si no para que todos supieran lo que hacían en el pueblo».
El letrado de F.A.G destacó que su defendido jamás le dice en la grabación a quien tiene que votar sino que los empleados municipales tenían que ir a votar «porque luego hay rumores de que no votan los trabajadores». En cuanto a la grabación, el letrado de la defensa solicitó en las conclusiones finales que se retirara esa prueba porque pericialmente no estaba confirmada la autenticidad.
El Fiscal solicita 15 meses de prisión y de inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo contra F.A.G y el alcalde de Molvízar por un delito de coacciones. La acusación particular solicita una pena de 30 meses de prisión e inhabilitación al entender que queda probado que el PP en Molvízar intentó controlar el voto del empleado municipal y dos personas de su familia empleando la figura del voto por correo que permite que otra persona voto con una autorización del titular. La letrada de Jiménez destacó que F.A.G no tenía ningún interes porque ganara el PP las elecciones locales de 2007 como así ocurrió «pero quería quedar bien con los que lo habían contratado unos meses antes».
Las defensas de F.A.G y del regidor «popular» solicitaron la libre absolución. El representante del empleado municipal sostuvo que no hay delito de coacciones como mucho en grado de tentativa o «una falta porque Jiménez acudió a votar libremente el día 27 de mayo».
El abogado de Fermín García destacó que se deslegitima la imputación del alcalde porque el único testimonio aportado es el del afectado. El letrado manifestó que García lleva 15 años gobernando Molvízar será «porque no coacciona ni maltrata a sus vecinos». El alcalde por último confesó al tribunal que esta denuncia le ha afectado a nivel personal y familiar y manifestó que «el juicio anterior ya se ha producido».

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